La familia de Áñez denunció que la expresidenta interina sufrió una descompensación luego de que se le subiera la presión y que las autoridades no autorizaron el traslado a una clínica.

Carolina Ribera, hija de Áñez, quien junto a la abogada llegó en horas de la tarde al Centro de Orientación Femenina de Obrajes en La Paz, donde estuvo por varias horas una ambulancia en espera de la autorización del traslado, dijo que temía por la salud de su madre y que le preocupaba «el riesgo de sufrir una embolia».

Sin embargo, el director del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, dijo a medios que la descompensación no ameritaba una salida del centro de reclusión y que Áñez ya había sido atendida por el personal médico.

Norka Cuéllar, abogada de la exmandataria interina, confirmó a Efe que la salud de la expresidenta «continúa delicada, está con oxígeno», con la presión arterial aún alta, por lo que «mañana (jueves) pediremos su salida judicial para una valoración integral por especialistas».

La expresidenta transitoria fue trasladada el lunes pasado hasta el centro carcelario, donde cumple detención preventiva por cuatro meses mientras se realiza la investigación por el caso denominado «golpe de Estado».

Marcha de unidad

Comités ciudadanos, cocaleros y sectores sanitarios hicieron una masiva manifestación para pedir una justicia independiente y el cese de lo que consideran una «persecución» política, tras la aprehensión de Áñez y dos de sus exministros.

Cientos de personas con banderas de Bolivia y carteles con frases como «no hubo golpe, hubo fraude, no más mentiras», «venganza no es justicia», «amo a mi país pero me avergüenza mi Gobierno» marcharon por las calles de La Paz, en las que por momentos se presentaron algunos forcejeos con partidarios del MAS, de Evo Morales y del Gobierno de Luis Arce.

En otras ciudades del país, al igual como ha pasado desde el lunes, también hubo varias manifestaciones y cabildos rechazando las detenciones y exigiendo su liberación.

Asimismo, sectores políticos y cívicos reiteraron sus advertencias de realizar una huelga a nivel nacional si continúan las aprehensiones.

Por su parte, el arzobispo de la Arquidiócesis de Sucre y presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), Ricardo Centellas, instó al presidente Luis Arce que vuelva al discurso inicial de reconciliación, pues «este debe ser el espíritu que acompañe a Bolivia, no los conflictos, ni las confrontaciones».

Respaldo a detenciones

El llamado Pacto de Unidad, que agrupa a sectores afines al MAS, convocó para el próximo lunes concentraciones en diferentes puntos del país para expresar su respaldo al Gobierno de Arce y al proceso conocido como caso «golpe de Estado», por el que han sido detenidas las exautoridades y dos exmandos militares.

«Se convoca a la gran concentración (…) por la justicia para Bolivia y nuestros mártires del golpe de Estado», dijo Henry Nina de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia.

Por su parte, la mayoría oficialista en el Senado de Bolivia aprobó una declaración en la que rechaza las acciones «intervencionistas» e «injerencistas» del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, resolución que fue rechazada por los legisladores de los partidos opositores como Comunidad Ciudadana.

«Estamos en la capacidad de juzgar a nuestras autoridades o exautoridades que hayan cometido un delito dentro de nuestro país y con las normas correspondientes», dijo el presidente del Senado, el oficialista Andrónico Rodríguez.

La Secretaría General de la OEA anunció este miércoles que enviará a la Corte Penal Internacional (CPI) información sobre presuntos actos de lesa humanidad entre el último mandato del expresidente Morales y el presente, al rechazar el «tono amenazante» del Gobierno de Bolivia.

Junto a Áñez, dos de sus exministros y dos exaltos mandos militares, también hay procesos contra otros líderes políticos opositores y varios exmilitares y expolicías que son buscados por la Justicia.

Justamente uno de ellos, Yerko Núñez exministro interino de la Presidencia, reveló este miércoles que se encuentra en la «clandestinidad (…) en condiciones inhumanas a causa de la desmedida persecución política que ha instaurado nuevamente Evo Morales».

La expresidenta interina y los miembros de su Gabinete son acusados de «sedición y terrorismo» durante la crisis de 2019 tras las elecciones fallidas que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia.