“No me cabe la menor duda de que ocurrió un fraude electoral para beneficiar al entonces presidente (Evo) Morales en las elecciones de 2019”, dijo en el programa Conclusiones, de Fernando del Rincón en CNN en Español.
Añadió que la teoría del "golpe de Estado" se dio para “enredar la situación” y como “cortinas de humo” luego de la presentación del informe técnico de la Misión de lo que había ocurrido en Bolivia.
El diplomático defendió el trabajo de la Misión de la OEA y afirmó que esta no va a garantizar o va a favor o en contra de un resultado, sino que se trata de un proceso en el que participan expertos.
“Lo que se demostró fue muy serio, ha habido informes que han tratado de desvirtuar el informe de la OEA y ninguno ha tenido la fuerza ni siquiera la rigurosidad de hablar de las terminales de cómputo paralelas, la adulteración flagrante de las actas, entre otros elementos”, añadió en la entrevista.
En las últimas jornadas, el Gobierno puso en duda el trabajo de la Misión de Observación Electoral de la OEA en medio de fuertes críticas principalmente a su secretario general, Luis Almagro, alegando que no pudo demostrar que hubo fraude y que por el contrario coadyuvó a que se diera un “golpe de Estado”.
“Se trata de un informe técnico, no es un informe político (…) No me cabe la menor duda de que hubo un fraude electoral y no un golpe de Estado”, insistió Gonzáles quien fue jefe de Observación Electoral en 2019.
Ante estas declaraciones, mediante un comunicado, la organización internacional le recordó al Gobierno que el expresidente Evo Morales solicitó su presencia el día de las elecciones, pero también solicitó realizar una auditoría. También lo invitó a revisar los informes presentados entonces.
Detención de Áñez
Sobre la detención de la expresidenta Jeanine Áñez, consideró que se trata de “un capítulo más de los capítulos tristes que hemos sido, lamentablemente, testigos en Bolivia y otros lugares de América Latina”.
En palabras del diplomático, los gobiernos como el de Bolivia utilizan el mecanismo de “la institucionalidad democrática y judicial para hacer daño deliberado, arbitrario y sin fundamento a personas que específicamente se quiere perseguir políticamente”.
