“Durante el proceso de escrutinio y cómputo hubo irregularidades generalizadas, confirmadas por una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) publicada el 10 de noviembre, que recomendaba la celebración de nuevas elecciones con un nuevo TSE”, señala parte de ese informe.

En los últimos días surgió una disputa entre el Gobierno y la secretaría general de la OEA por la auditoría que realizó a las elecciones de 2019 y que derivó en la renuncia de Evo Morales. El Gobierno advirtió con procesar internacionalmente al máximo representante del organismo, Luis Almagro.

Sin embargo, según el reporte de esta Misión, fue la propia representante de la Unión Europea de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, que alentó a celebrar unas elecciones nuevas y oportunas “con una autoridad electoral renovada para restablecer la confianza y la credibilidad en el sistema democrático boliviano”.

El documento también da cuenta que luego de la renuncia de Evo Morales fue la presidenta de la Cámara de Senadores, la que se hizo cargo de la conducción del país y que además tuvo respaldo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Fue sustituido el 12 de noviembre por la presidenta del Senado Jeanine Áñez de la oposición, con el apoyo del Tribunal Constitucional. El Gobierno interino deberá fijar la fecha y los plazos para las nuevas elecciones y liderar las negociaciones políticas para la designación de los vocales del TSE”, se lee en el documento.

Las elecciones

También grafica el clima previo de los comicios con un Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuestionado en su credibilidad y que hizo muy poco para recuperar su imagen y que se vio agravado por la renuncia de tres de sus miembros.

“La misión de expertos electorales de la Unión Europea (MEE-UE) considera que las decisiones del TSE, combinadas con la ausencia de explicaciones sobre sus decisiones y el cambio de tendencia, dañaron irrevocablemente la confianza en el proceso de cómputo de resultados”, señalaba el reporte sobre las acciones de los vocales de ese entonces.

En el informe se lee también que la MEE-UE observó numerosos errores e irregularidades en las actas electorales. Entre estos figuraban actas con un número inusualmente elevado de votos nulos, votos en blanco y una participación del cien por ciento de los electores en una serie de mesas electorales.

Recordó entonces que la OEA llevó adelante una auditoría, por invitación del propio Gobierno y que el canciller de entonces, Diego Pary, confirmó que los resultados de la auditoría serían vinculantes. Varios Estados miembros de la UE y de la OEA apoyaron y acompañaron el proceso de auditoría.