“En 2019 hubo una ruptura del orden constitucional y estos hechos deben cerrarse buscando generar justicia, lo que el país hace son procesos de investigación que determinarán cuáles fueron la verdad de aquel momento, así se determina la justicia, quiénes generaron la ruptura institucional en el país y esto es lo que verá la justicia”, dijo el vocero.

Richter explicó que lo que las investigaciones apuntan es a determinar a los autores del golpe de Estado y que los procesos por las acciones del Gobierno transitorio se verán en otros procesos. “Todo lo que ocurrió hasta antes de que Áñez tome el poder es lo que se está investigando”, dijo.

Respecto a la posición de la OEA sobre la falta de garantías para los procesados, Richter desestimó la posición de este organismo porque, aseveró, la OEA “participó del golpe”.

Dijo que el informe de auditoría electoral es “inconsistente” y no menciona en ninguna parte la palabra “fraude”.

Sin embargo, ayer el exjefe de la misión electoral de la OEA en Bolivia, Manuel Gonzales, ratificó que lo que ocurrió en el país en 2019 fue fraude electoral y que no hubo golpe de Estado.

La OEA también anunció que llevará ante la CPI los hechos de “lesa humanidad” ocurridos en Bolivia desde la anterior gestión de Evo Morales.

Richter aseguró que la OEA no puede llevar estos casos a esa corte porque el alto tribunal es “complementario” a la justicia de los países.

“Señalar que la OEA no puede acceder ante la CPI y tampoco al CPI puede ver causas como tribunal a conveniencia a propia, la CPI tiene carácter complementario de cortes nacionales. La OEA está caminando por fuera de lo que señala su carta magna y realiza labores de inmiscuirse en asuntos que son internos, lo hacen porque están comprometidos con la secuencia de hechos que propiciaron el golpe de estado”, aseguró.

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