Medio: Opinión
Fecha de la publicación: jueves 18 de marzo de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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“La justicia es ciega”, o por lo menos se espera que así sea, es decir, que, en el momento de procesar a una persona, no debería mirar de quién se trata, sino los hechos por los que se la ha llevado al estrado. A la justicia se la ha representado con los ojos vendados desde el siglo XV, porque se espera que en el momento de su aplicación sea imparcial y no incline su balanza ni demuestre ningún tipo de favoritismo por nadie.
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No obstante, en los últimos años se ha cuestionado fuertemente a la justicia que se imparte en el país, de la que se afirma que inclina su balanza hacia quién tiene más influencia, poder o dinero. Estas críticas llegan desde diferentes sectores que, de alguna u otra forma, se ven perjudicados por la justicia que se ventila en los tribunales.
En los últimos días, la polémica sobre la imparcialidad o parcialidad de la justicia se ha reavivado, tras la decisión de la jueza de Sucre, Ximena Mendizábal, de otorgar libertad irrestricta al líder de la Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina, quien fue imputado por varios delitos.
Tras conocer esta decisión de la justicia, el Gobierno dejó entrever que se asumirán las acciones que le competen de acuerdo con la ley en contra de la magistrada.
La jueza aludida replicó que ella procedió apegada a la norma y dictó el fallo de libertad porque los fiscales no sustentaron la acusación con pruebas sólidas.
El pasado fin de semana, cuando se envió a la cárcel a la expresidenta Jeanine Áñez y dos exministros, grupos opositores al Gobierno calificaron de parcializada a la justicia que se imparte en el país.
Las presiones hacia la justicia, de uno u otro lado, deben cesar. No se puede tener a la justicia entre la espada y la pared, con amenazas de juicios, movilizaciones, bloqueos u otras medidas de presión.
Si algunas personas o grupos se sienten agraviados por la determinación de un juez o jueza, la ley prevé recursos a los cuales se puede apelar, uno de ellos es la impugnación.
Es cierto que los jueces no son infalibles, por lo que se pueden equivocar, pero, insistimos, para eso existen recursos como la impugnación, además, que hay instancias de revisión, como los tribunales de alzada que, en su caso, pueden enmendar o rectificar las decisiones desacertadas que asuman algunas autoridades jurisdiccionales.
Si los jueces siguen siendo presionados para que se dicte un fallo favorable a determinado grupo o personas, con amenazas de juicio de por medio, la imparcialidad que se pregona desde el derecho se habrá perdido. Además, consideramos que muy pocas autoridades se animarán a tomar en sus estrados procesos que impliquen una carga de tinte político, como el de Áñez y sus exministros, por ejemplo.
