La tesis del golpe del Estado se cae sola. La cronología de los hechos la echa por la borda. Jeanine Áñez asumió un gobierno de transición tras la renuncia de Evo Morales. Era la única funcionaria disponible en la línea de mando constitucional tras las dimisiones en cadena. Ejerció la presidencia interina durante un año y cumplió con la función de convocar a elecciones libres, en las que el Movimiento al Socialismo (MAS) participó y ganó con un nuevo rostro, el de Luis Arce, el candidato de Evo Morales. Pero todo indica que se trataba de una jugada para garantizar el regreso de Morales.

Al día siguiente de la toma de posesión de Arce como presidente, Evo Morales volvió Bolivia. Lo hizo con evidente triunfalismo y la prepotencia de haber conseguido que los procesos en su contra los anulara un juez apenas una semana después de las elecciones. Los rumores ya son un secreto a voces. El exembajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio Otero, dijo en entrevista concedida a PanAm Post que existe el rumor de que Evo Morales quiere recuperar la Presidencia. Al mismo tiempo señaló que el presidente Luis Arce parece ausente en este momento en Bolivia y que la cabeza visible del poder sigue siendo Evo Morales.

Para el diplomático de carrera –quien también se desempeñó como embajador en Estados Unidos y viceministro de Relaciones Exteriores–  lo que ocurre en Bolivia debe mantener en alerta a toda la región. Advierte que todo forma parte de los planes del Grupo de Puebla para mantener dominada a Latinoamérica. Y si bien el MAS consiguió la presidencia por la vía democrática, el temor de los socialistas al pueblo sigue latente tras el revés electoral en los comicios regionales y municipales del pasado 7 de marzo.

El Ministerio Público imputó a la expresidente Jeanine Áñez y una juez le dicto de inmediato cuatro meses de prisión preventiva. Por el otro lado, un juez anuló los procesos abiertos contra Evo Morales apenas el MAS ganó la presidencia. ¿Está politizada la justicia boliviana? ¿Está tomando este nuevo gobierno el camino de la persecución a la disidencia como en Cuba, Venezuela y Nicaragua?

En Bolivia no existe una justicia independiente. La teoría del “golpe de Estado“ es una fabricación política que no tendría valor jurídico en un país con una justicia independiente, que no es el caso de Bolivia.

La detención arbitraria de la expresidente y dos de sus exministros, en horas de la noche y sin notificación previa, y su posterior detención en una cárcel constituye una violación de todos los estándares del debido proceso internacional y nacional. Llama la atención que esas detenciones arbitrarias y la falsa narrativa de un “golpe de Estado“ inexistente, se hayan producido un día después de la visita oficial a Bolivia del canciller argentino, Felipe Solá, quien no ahorró comentarios respecto a asuntos internos de Bolivia e incluso calificó de  “inmoral absoluto“ al secretario general de la  OEA, Luis Almagro, y lo responsabilizó de un supuesto “golpe de Estado“ contra Evo Morales en 2019. La falsa narrativa del “golpe“ es útil para el canciller argentino, pues es un pretexto para atacar a la OEA, que se ha convertido en el último obstáculo para las estrategias del Grupo de Puebla de extender su proyecto populista en la región.

También es curioso que este plan de persecución, unido a la narrativa del “golpe de Estado” se haya dado un mes después de que Evo Morales declaró a la prensa que había mentido sobre su viaje a Cuba:

“Cuando yo fui a Cuba no fue por temas de salud, fui a una reunión de planificación con Cuba y Venezuela, una reunión de alto nivel a ver cómo retomábamos la democracia”.

¿Se está buscando con este proceso judicial lavarle la cara a Evo Morales con la tesis de “golpe de Estado”? Es decir, ¿están logrando que en Bolivia ya no se hable más del fraude sino del supuesto golpe de Estado?

La narrativa absurda de que no hubo fraude tiene dos objetivos: primero, reivindicar a Evo Morales para promover una, aún incierta, estrategia de control del Estado boliviano que le dé el poder hegemónico a Evo Morales y su ala radical y; en segundo lugar, utilizar la supuesta inexistencia de fraude para acusar a Luis Almagro y a la OEA de haber propiciado un “golpe de Estado”. Está claro que lo que sucede hoy en Bolivia y en otros países de la región es una arremetida del Grupo de Puebla para retornar al poder en la región. Para eso necesitan recrear la historia y fabricar una narrativa favorable a sus intereses ideológicos.

¿Cómo se puede deslegitimar el gobierno interno de Jeanine Añez acusándola a ella y a sus ministros de sedición, conspiración y terrorismo si el actual gobierno fue electo gracias a las elecciones convocadas por esta administración transitoria?

No hay una racionalidad jurídica que explique la actitud del gobierno de perseguir a la expresidente que presidió las elecciones que les retornó al poder. La razón política es que acaban de sufrir una enorme derrota en las elecciones para alcaldes y gobernadores de la semana pasada. El partido de gobierno ha perdido en 7 de 9 alcaldías de las capitales más grandes e importantes del país y en las gobernaciones más importantes y pobladas del país. Este revés electoral los ha llevado a acelerar la represión contra la oposición por temor a una nueva rebelión popular como sucedió en 2019, luego del fraude electoral que ocasionó la fuga de Evo Morales a México.

¿Qué papel juega en este proceso el presidente Luis Arce, quien en una entrevista descartó que Jeanine Áñez estuviera encabezando un gobierno de facto y reconoció que era un gobierno transitorio constitucional?

El presidente Arce parece ausente en este momento. La cabeza visible del poder sigue siendo Evo Morales y sus operadores formados en Cuba, García Linera y Quintana. Hay todo tipo de rumores, incluso el rumor de que Morales quiere recuperar la Presidencia, pero la realidad es aún muy incierta.

¿Faltó más determinación durante el gobierno de Jeanine Añez para que la justicia castigara a los autores del fraude cometido en 2019 y se evitara que volvieran al poder? Es decir, ¿se le vino la izquierda contra ella porque no logró neutralizarla cuando tuvo el poder para hacerlo?

La presidente Áñez fue elegida por sucesión constitucional con una ley promulgada por la Asamblea Legislativa, donde Evo Morales tenía dos tercios en ese Congreso. En Bolivia no hubo golpe de Estado porque renunció el presidente, y voluntariamente renunciaron tanto el vicepresidente como las primeras autoridades de la Asamblea Legislativa en la línea de sucesión constitucional. Por tanto, se generó un vacío de poder que llevó a la sucesión constitucional en la restante principal autoridad del Congreso: Jeanine Áñez, quién durante las negociaciones entre la Iglesia Católica, la Unión Europea y miembros de la Asamblea Nacional estuvo ausente, según confirmó el expresidente Tuto Quiroga. Además, la mayoría del MAS, en la Asamblea, incluyendo la entonces presidente del Congreso y ahora alcaldesa electa de El Alto, Eva Copa, aceptó la renuncia del presidente Evo Morales y llamó a nuevas elecciones.

El Tribunal Constitucional también emitió sentencia constitucional favorable a este procedimiento que fue homologado en la instancia legislativa que permitió la elección de nuevas directivas camarales.

En esas circunstancias, la presidente tuvo que gobernar con un Congreso adverso, con la justicia en manos del Movimiento al Socialismo, y no pudo neutralizar a una izquierda aliada con el crimen organizado en Bolivia.

Hoy, Bolivia vive momentos muy difíciles. El presidente Arce afirma públicamente que su modelo de sociedad es el que impuso la revolución cubana hace 60 años.  Esa paradoja de regímenes elegidos democráticamente, pero que una vez en el poder, confunden el gobierno con el Estado y sus actos son guiados por un inequívoco desprecio por la democracia liberal y el estado de Derecho. Los nuevos caudillos en Latinoamérica impulsan un proyecto ideológico regional esencialmente antidemocrático que utiliza sus lealtades tribales para eliminar los mecanismos de control y equilibrio de los poderes públicos creados para proteger a los ciudadanos del abuso de poder del gobierno. El populismo, una vez en el poder, lentamente, a través de la propaganda y la intimidación a opositores u obstaculizadores de su proyecto, genera las condiciones necesarias para controlar todos los poderes del Estado y perpetuarse en el poder.