La Organización de Estados Americanos (OEA) respondió a las acusaciones del Gobierno nacional sobre el supuesto golpe de Estado. Asimismo, anunció que dispuso enviar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) antecedentes de presuntos actos de lesa humanidad en Bolivia desde la última gestión del expresidente Evo Morales, siguiendo hasta la actualidad, con Luis Arce, y pasando por los conflictos de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), con Jeanine Áñez.
Explicó que toma ese paso con “el afán indeclinable de que la verdad, la justicia y la no repetición sean el signo que paute la convivencia del pueblo boliviano”.
Anunció que también se remitirá a la CPI las conclusiones e informes del Grupo de Expertos que está en Bolivia investigando los hechos de violencia de 2019, “ya que entiende que sin luz pública sobre los hechos acaecidos y las responsabilidades individuales que pudieren corresponder no resultará posible hacer justicia respecto al pasado reciente en Bolivia”.
En medio de las tensas relaciones y anuncios del Gobierno de Luis Arce de iniciar un juicio internacional contra el secretario General de la OEA, Luis Almagro, desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) proponen la desvinculación del país de la organización mientras él siga en el cargo.
La Brigada Parlamentaria de La Paz solicitó a la Asamblea Legislativa analizar esta posibilidad bajo el argumento de que “fue parte activa de la ruptura del orden constitucional (golpe de Estado) y pretende nuevamente repetir dichos actos delictivos en la presente gestión del presidente Luis Arce Catacora”.
LA RESPUESTA
La OEA condenó “cualquier forma de amenaza”, ve inadmisibles los juicios por “injerencia colonialista” y la acusación de falta de moral y ética. A su vez, desmiente los contenidos del comunicado de la Cancillería y repudia el tono represivo y amenazante.
Según el organismo, las observaciones realizadas "fueron debidamente documentadas y probadas en las dos ocasiones" y calificó como "absolutamente falso que no cumplió con los estándares exigidos y que emitió un informe sin pruebas y manipulado".
Ratificó en el documento el pedido de liberación de exautoridades procesadas por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo por los hechos de violencia de 2019. Además, cuestiona a la justicia boliviana y la acusa de no tener condiciones para ofrecer las mínimas garantías de juicio justo, de imparcialidad y debido proceso.
Almagro es cuestionado por su actuación en 2019, cuando denunció, basado en un informe preliminar, que existían indicios de un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de ese año en Bolivia, lo que derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales.
REACCIONES
Para el abogado y expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, el Estatuto de Roma de la CPI no permite atender casos a conveniencia política como el anunciado por Almagro. El también expresidente de la Corte Suprema de Justicia, mediante su cuenta en Twitter, explicó que su jurisdicción es complementaria a la de cada país, según ABI.
El artículo 1 del estatuto establece que “la Corte será una institución permanente y facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores aseveró, mediante un nuevo comunicado, que Bolivia defenderá su soberanía y la independencia de sus órganos ante lo que considera una intromisión de la secretaría General de la OEA en asuntos nacionales, además de que “no caerá en provocaciones malintencionadas”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, informó que se asumirán acciones internacionales para denunciar a Almagro por intromisión en asuntos internos de Bolivia y llamó a Naciones Unidas (NNUU) para que los países de Sudamérica conozcan lo que pasa con Bolivia.
En el Senado, se aprobó la declaración camaral que rechaza “de manera contundente y categórica las acciones intervencionistas e injerencistas” de Almagro en asuntos internos.
“Estamos emitiendo esta declaración camaral porque no necesitamos de ninguna institución foránea, de organismo internacional que pueda inmiscuirse en asuntos internos de nuestro país. Nosotros como país estamos en la capacidad de juzgar a nuestras autoridades o exautoridades que hayan cometido un delito dentro de nuestro país y con las normas correspondientes”, manifestó Rodríguez.
El jefe de la bancada de senadores del MAS, Luis Flores, anunció que además se decidió fiscalizar el proceso de investigación del caso golpe de Estado.
