Dichos “freno y contrapeso”, no son un fin en sí mismo, sino un instrumento para asegurar algunos objetivos, tales como la libertad, la equidad, la justicia, un mayor control de la corrupción, evitar el abuso del poder, etc. Otra práctica adicional que se conoce de aquellos Estados es que donde hay cambios de gobierno, el grupo profesional y técnico -que generalmente accede al cargo por concurso de méritos-, permanece estable. De alguna manera, ello permite que se apliquen políticas de largo plazo, mientras que en Bolivia la ejecución de cualquier plan gubernamental se derrumba en cada elección con el cuoteo a piacere de los funcionarios públicos a cargo del partido ganador, sin importar la meritocracia institucional o la experiencia de estos trabajadores.

Por otro lado, la división de poderes como mecanismo de control gubernamental se conoce desde Montesquieu (1689-1755), quien propuso dividir al gobierno entre los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, cada uno de ellos autónomo y con funciones determinadas. Para este pensador francés, la división de los poderes es el factor clave para la teoría del Estado de derecho y para la práctica de la vida democrática.

Pero no solo los contrapesos del poder político constituyen los comicios electorales o los órganos independientes del Estado, sino también lo es la prensa, de ahí la enorme importancia de defender la libertad de expresión en los medios de comunicación. Asimismo, a todo equilibrio de dicho poder, contribuye, qué duda cabe, el modelo de estado existente en un país; mientras más centralista sea su sistema, habrá más concentración del dominio político y económico, en tanto que con autonomía o federalismo, concurre una mayor capacidad de diálogo, respeto y concertación entre opuestos.

En nuestro país, habría que agregar el contrapeso de “carácter social” (movimientos sociales cívicos, gremiales, transportistas, mineros), que cobra poder de decisión, por haber crecido algunos de ellos al amparo y el beneplácito, cuando no, del contubernio y el prebendalismo de autoridades en todos los niveles del Estado.

Al parecer, hoy la opinión pública ha comprendido esta ecuación de frenos y contrapesos en las últimas elecciones, pues según sus actuales resultados, los alcaldes de las principales ciudades del país, y algunos gobernadores, entre ellos el de Santa Cruz y Beni, no representan al partido oficialista.

Es de suponer que las nuevas autoridades electas evitarán o al menos atenuarán el ejercicio del autoritarismo. Todo dependerá del ejercicio democrático de los mandos elegidos, y del compromiso asumido en la campaña electoral de resguardar a sus ciudadanos de cualquier agresión del centralismo, no solo en lo político, sino también en lo económico o cultural.

Que los tres niveles de gobierno se respeten mutuamente y ejerzan hoy por hoy las facultades conferidas por la Constitución y las leyes, es lo que espera vivamente la ciudadanía. Que de manera conjunta y armónica se definan tareas importantes, como el pacto fiscal, la profundización de la autonomía, el cumplimiento de los 17 ODS 2030 de Naciones Unidas, entre otras, y sobre todo, la resolución de algunos asuntos de emergencia, como la salud, el desempleo, la educación o la seguridad.

A manera de provocación, se puede decir que estos últimos comicios demuestran un nuevo mapa político en Bolivia. ¿Será la hora de las regiones? Siendo la oposición tan dispersa, queda la duda, a menos que se unan bajo objetivos de interés común en beneficio del pueblo boliviano.