La libertad de expresión, de la que deriva la libertad de prensa, es un derecho de todos; por ello, trabajadores, organizaciones institucionales, estudiantes y universitarios, profesionales, sindicatos, etc. cuando no están de acuerdo con disposiciones que emanan de autoridades debidamente constituidas -y mucho más, en regímenes de facto- utilizan su derecho libre de expresión y protesta; nadie, por poder que tenga, puede prohibir o negar el ejercicio de este derecho siempre que su realización esté enmarcado en principios elementales de respeto a las leyes, a los demás, a quienes no son partícipes de las protestas o manifestaciones de los reclamos o descontentos; siempre que haya respeto por los bienes privados y públicos; que, sobre todo, haya respeto y consideración a los niños y ancianos, a las mujeres y a quienes sean inválidos o minusválidos; respeto también a quienes ejercen labores de control y cuidado de la comunidad y de la propiedad pública y privada como son policías, agentes de seguridad, fuerzas del ejército y otras autorizadas por ley.  Igualmente, quienes fungen como autoridades y representan al gobierno; policías, ejército, organizaciones de seguridad o guardianes del bien público, deben actuar en concomitancia con lo que se exige de los demás, del pueblo o grupos de él, que protestan, reclaman, expresan criterios, ideas y pensamientos que muestren descontentos y contrariedad porque hay rechazo a lo que afecta personalmente o a la familia, no deben utilizar la autoridad que tienen usando del poder de que están investidos y, utilizando medios como armas y materiales puestos para evitar hechos contrarios a las leyes en la realización de una marcha, manifestación o acto de protesta, no deben actuar bajo consignas que impliquen represión, “a cualquier costo”, como muchas veces expresan quienes han sobrepasado su condición de autoridad y creen ser dueños de vidas y bienes y se sienten autorizados a todo, con tal de cumplir con las ordenes de sus mandantes.

Todo esto, por principio legal y por moral, está prohibido, es anormal y contrario a los derechos humanos; es atentatorio contra el mínimo respeto que merece la colectividad y por ningun motivo debe vulnerarse.

Quienes actúan conforme a sus instintos y complejos, de acuerdo con “órdenes ciegas” de los que buscan agradar o satisfacer soberbias y petulancias del que posee poder, cometen delitos que deben sancionarse con mucha energía. 

Lo grave es que cuando se desenfrenan las pasiones, surgen radicales las diferencias, hay creencia de que cada uno tiene el derecho de “castigar” a la parte contraria e inferirle cualquier daño; se despiertan instintos y se olvida que el derecho de uno termina donde empiezan los derechos ajenos; se hace abstracción de principios de respeto, cordialidad, armonía, y se demuestra con todo ello que hay objetivos subalternos ajenos al bien común; creencias de que uno es más que los otros y que, por ser parte de una multitud está obligado a respaldarse en ella y cometer cualquier desatino, obrar contra principios que obligan a mantener en cualquier conducta o comportamiento principios de amor al prójimo y muy especialmente a las mujeres, los ancianos y los niños.

Todo ello da lugar a la intromisión de extremistas que buscan causar daño, destruir bienes ajenos, apoderarse del contenido de negocios y casas privadas o públicas utilizando petardos de dinamita, botellas “molotov” que son bombas caseras y, si poseen armas de fuego o cortantes, también las utilizan; todas las personas, del lado que fueren, que cometan estos tipos de tropelías ingresan en las profundas simas del terrorismo, de la delincuencia y merecen sufrir castigos.  Manifestaciones y marchas, protestas y expresiones contrarias al gobierno, o por parte de éste que poseen poder con fuerzas policiales o militares y contingentes de “exaltados” a su servicio, se han producido en los últimos días porque lo originalmente pacífico y respetuoso se ha convertido en medio de violar la ley y atentar contra la población causando daños a personas y bienes, destruyendo o amenazando a la seguridad y vida de quienes se cree “enemigos” y hasta buscan violar las leyes y los principios buscando consecuencias que, muchas veces, implican pérdidas de vida y derramamiento de sangre. 

Las libertades, el apego a la justicia y a los principios democráticos da muchos derechos, pero nunca para los extremos que implican complotar contra el bien común en cuyo seno podrían estar personas allegadas. No es pues, justificable ningún extremo ni por parte de autoridad alguna ni de quienes promueven protestas por justificadas que sean; ambos comportamientos que no consideren ni respeten a los demás, puede ser justificado o aceptado porque todos deben guardar las composturas debidas al ser humano.