Este nuevo elemento que "demuestra el apego a la ley", fue expuesto este miércoles por la dirigencia del Comité pro Santa Cruz, desde donde guardan el respaldo documental y el alegato de Lanchipa que fue emitido ante la Asamblea que en ese entonces estaba dirigida por el Movimiento Al Socialismo (MAS). 

Sería una prueba a ser remitida ante el anuncio de una investigación internacional sobre el caso del supuesto "golpe de Estado".

Según el asesor jurídico y abogado de la entidad cívica, Jorge Valda, el fiscal general del Estado  en cuatro oportunidades niega que hubo golpe de Estado, sino que ratifica la sucesión constitucional.

A esto se suma que también niega la existencia de procesos respecto al delito de terrorismo y de más de 80 causas, individualizando a los actores del Gobierno transitorio por hechos de violencia, lo que exhibe también que no habría una responsabilidad colectiva. 

"La prueba que se está acompañando a los organismos internacionales demuestra que durante un periodo de Gobierno, la Fiscalía General del Estado realiza una labor y durante otro periodo de Gobierno la tarea es distinta, pues habla de persecución, abuso y atropello a los derechos humanos", apuntó Valda.

En este sentido, los cívicos consideran que el sistema judicial y el Ministerio Público deben obedecer los principios de independencia e imparcialidad y no satisfacer revanchismo, venganzas privadas o enfrentamientos entre bolivianos.

"El fiscal general anuló la existencia de un 'golpe de Estado' porque aclara la legalidad y se debe reconocer las facultades del Tribunal Constitucional Plurinacional en el plano jurídico y normativo que no se puede someter a un juzgamiento ordinario a un presidente o expresidente, lo que también contradice a las acciones presentadas por el exdiputadas Lidia Patty", acotó el presidente cívico, Rómulo Calvo.

Jorge Valda explica a detalle en el siguiente video:

Estas pruebas fueron adjuntadas al pedido de investigación internacional sobre los hechos ocurridos en Bolivia entre octubre y noviembre de 2019, cuando se descubrieron los indicios de fraude electoral que conllevaron a la renuncia de Evo Morales como presidente de Bolivia. 

Antes de solicitar que la OEA consolide la oferta para disponer una investigación internacional imparcial, los cívicos resaltaron que la persecución judicial a líderes y ciudadanos responde a una "arremetida guiada por la venganza y otros oscuros propósitos políticos".