La Constitución Política del Estado establece: Artículo 169.I. “En caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidenta o del presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días”.

Morales convocó a elecciones en 2019, las mismas fueron ANULADAS por fraude, lo cual fue reconocido por la Unión Europea, Amerlat y la OEA que hizo una auditoría vinculante. Viéndose descubierto el cocalero, renunció el 10 de noviembre y huyó del país. Del 10 al 12 hubo vacío de poder y se vivió violencia, por tanto, la sucesión constitucional democrática fue después del fraude y además avalada por la Asamblea Legislativa Plurinacional a la cabeza de Eva Copa, que aceptaron la renuncia de Morales y anularon las elecciones fraudulentas con los 2/3 del MAS.

Por la renuncia de la Presidenta del Senado y el Presidente de Diputados, la vicepresidenta del Senado Jeanine Añez se convierte en Presidenta del Senado y para evitar el vacío de poder, se aplica la Declaración 0003/01 del 21 de julio de 2001 del Tribunal Constitucional, que equivale a una sentencia que sienta jurisprudencia constitucional, la sucesión Constitucional IPSO-FACTO, basada en el principio de continuidad. Por ello es nombrada como Presidenta Constitucional del Estado Boliviano, avalada por la Ley de 20 de enero. No. 1.270, Ley de Excepcional de prórroga del mandato constitucional de autoridades electas de manera transitoria, hasta llamar a elecciones en 90 días. Pero el Tribunal Supremo Electoral que debió realizarlas el 3 de mayo de 2020, las suspende ante el incremento del COVID-19 y es así como las y los asambleístas aprueban las elecciones de octubre de 2020.

Ante ataques terroristas de los delincuentes en 2019, el pueblo pidió de rodillas a los militares y policías que salgan a defendernos, por tanto, las fuerzas del orden solo cumplían con su deber de proteger a la ciudadanía, para evitar baños de sangre ante el fraude.

Arce usurpó funciones al dictar el DS 4.461 de Amnistía a todos los responsables de hechos de noviembre de 2019, como el linchamiento salvaje del policía Alcón, intentaron hacer volar Senkata y hubiera muerto la mitad de la población de El Alto, quemaron buses PumaKatari, así como la casa de Casimira lema y la de Waldo Albarracín, ofendieron la dignidad de Mujeres en Vila Vila y de los heridos, no dejaron pasar oxígeno ni alimentos. El Ministro de Justicia, otro usurpador, dice “vamos a dar justicia”, se atribuye las funciones de la fiscalía y la justicia boliviana.

Pasaron más de 100 días de la posesión de Arce, ahora muestra su inclinación al autoritarismo y consolida la dictadura al criminalizar la protesta del Soberano que se rebeló ante la corrupción, el narcotráfico, el despilfarro y el intento de prorrogarse del cocalero Morales que hizo caso omiso al resultado del Referéndum del 21 F de 2016 y ordena las aprehensiones para amedrentar al SOBERANO que hace vigilia para evitar la consolidación del MEGAFRAUDE por la derrota electoral del MAS. Arce pretende lavarle la cara al cobarde de Morales que intenta criminalizar la sucesión constitucional y se esconde detrás de Lidia Paty, que es la prueba viviente de la sucesión, porque esta señora cobré el sueldo de la Asamblea legislativa durante toda la gestión de Jeanine Áñez.

Al ordenar detener y encerrar a Jeanine Áñez, el MAS está desligitimando su (dudosa) victoria de las elecciones de 2020, el golpe de Estado la dio el cocalero Morales al desconocer el Referéndum del 21F. En 2019 hubo una insurrección popular del 90% de la población, que pidió la renuncia de Morales. Ahora con la mentira quiere cambiar la historia que vivimos todos, hubo FRAUDE y el golpe fue con la silla en la cabeza del cocalero.

Exigimos respeto a los Derechos Humanos, respeto a las garantías constitucionales, como la presunción de inocencia y el debido proceso y que los detenidos se defiendan en libertad. No permitamos que Bolivia siga los pasos de la dictadura en Venezuela, que obliga a millones de venezolanos a dejar su país.

La autora es Abogada, ex Asambleísta Constituyente.