Las acciones del MAS y del Gobierno para imponer su versión sobre la sucesión constitucional de noviembre de 2019, y de las circunstancias en la que se produjo como resultado de la renuncia de Morales y García a la presidencia y vicepresidencia del país, han desbordado las fronteras de Bolivia.

El encarcelamiento de la presidenta y otras exautoridades civiles y militares del Gobierno transitorio –al que la estrategia masista ejecutada por el Gobierno se empeña en calificar de “de facto” y pretende borrar el fraude electoral de octubre de 2019 constatado por una misión de la OEA– ha provocado, además de la indignación ciudadana, la reacción de organismos internacionales que se pronuncian al respecto.

El lunes, la Secretaría General de la OEA ha manifestado “su propia preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno”.

El martes, la Cancillería respondió afirmando que el Secretario General de la OEA “no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia, después del daño profundo que le hizo (...) con su injerencia colonialista”. Y el Ministro de Justicia fue más allá, al anunciar que “la decisión del gobierno nacional es llevar a juicio al señor Almagro”.

La instancia panamericana manifestó ayer su repudio al “tono represivo y amenazante” de la Cancillería y su “afán de personalizar en Luis Almagro decisiones y posiciones institucionales de la Secretaría General”.

Y anunció su decisión de enviar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) “los antecedentes correspondientes a presuntos actos de lesa humanidad a partir del último gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad, con la necesaria investigación del Gobierno de transición (...)”.

Así el cruce de espadas entre el Gobierno y la OEA, como resultado del afán masista de imponer su historia fabricada, salta del ámbito Americano al mundial, pues más de 120 países, entre ellos Bolivia, han ratificado su adhesión al Estatuto de Roma, que es de la CPI, aceptando “su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional”.

La decisión de la Secretaría general de la OEA no se traducirá en una intervención pronta de la CPI en los casos de abuso de poder perpetrados en Bolivia por los gobiernos de los últimos seis años, incluido el actual. No, pues el procedimiento es complejo y a esa Corte le llevó 10 años emitir su primera sentencia.

Pero la manifestación pública, reiterada, y a escala internacional de que “el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso” porque “injerencias políticas y la corrupción en el sistema judicial son generalizadas, tendría que detener los afanes del Gobierno y del MAS.