El Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Legislativo socializa un anteproyecto de ley, con el que busca modificar la Ley 044 de juicio de responsabilidades, para contar con procesos más veloces y para, en el caso de procesos contra el presidente, saltarse la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
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Tiene un anteproyecto con el que busca que del pleno del TSJ, sólo tres magistrados emitan sentencia en un juicio contra los mandatarios.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Legislativo socializa un anteproyecto de ley, con el que busca modificar la Ley 044 de juicio de responsabilidades, para contar con procesos más veloces y para, en el caso de procesos contra el presidente, saltarse la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“El presidente del Tribunal Supremo de Justicia constituirá como tribunal colegiado a tres magistrados que juzgarán a la Presidenta o Presidente y/o a la Vicepresidenta o Vicepresidente”, se lee en el artículo con el que se busca modificar el parágrafo I del artículo 18 de la Ley 044, según el documento al que accedió Página Siete.
El artículo 18 vigente establece: “El TSJ se constituirá como tribunal colegiado en pleno y en única instancia juzgará a la Presidenta o Presidente y/o a la Vicepresidenta o Vicepresidente, sin recurso ulterior”.
El parágrafo IV vigente de ese artículo establece que “la sentencia será pronunciada por dos tercios de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia”. No obstante, según el anteproyecto, se busca remplazar ese parágrafo por el siguiente texto: “A los fines de garantizar el derecho amplio a la doble instancia, las partes podrán plantear apelación contra la sentencia en el plazo de 15 días, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia constituirá un Tribunal de Apelación conformado por tres magistrados que dictará la resolución definitiva del caso”.
El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, el diputado Carlos Alarcón, aclaró que aún no conocen este anteproyecto, pero manifestó que de ser esa la intención del MAS, la norma contradice el artículo 184 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que una de las atribuciones del TSJ es “juzgar como tribunal colegiado en pleno y en única instancia” al Presidente, o al Vicepresidente.
“Primer punto que es claramente inconstitucional y segundo punto, que esto da una celeridad mayor al proceso, pero el mayor problema es más influenciable la manipulación de tres magistrados que del total que compone el Tribunal Supremo”, dijo Alarcón a este medio.
Para el constitucionalista José Luis Santisteban, además de ser inconstitucional, con este anteproyecto se pretende dar un “poder absoluto” al presidente del TSJ.
“Habría que modificar la CPE si quieren modificar (la Ley 044), pero aquí se le está dando un poder al presidente del TSJ con las circunstancias, y como está en este momento la justicia, yo presumo de que esto es solamente para favorecer a quien reciba una demanda, como Evo Morales, y desfavorecer a opositores que sean procesados”, indicó Santisteban a este rotativo.
Con el anteproyecto de ley también se busca la modificación de los artículos 26, 27 y 29, referidos al juzgamiento de miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Fiscal General del Estado.
El documento al que se accedió dice que se busca eliminar la posibilidad del denunciante de ratificar su acusación por escrito ante la Comisión de Justicia Plural de Diputados (artículo 26).
En el caso del artículo 27, el anteproyecto busca cambiar la denominación de “Órganos de la Etapa Preparatoria” a “Órganos de la Etapa Sumaria”. En parágrafo II del artículo vigente se señala que a la Comisión de Justicia Plural de Diputados, mediante el Comité de Ministerio Público, le corresponde “promover la investigación en la etapa preparatoria”.
La modificación que se quiere introducir es: que a la Comisión de Justicia Plural de Diputados, mediante el Comité de Ministerio Público, le corresponde “promover la investigación sumaria”.
Además, se apunta a suprimir el “recurso de apelación incidental”, que rige en la actualidad en la etapa preparatoria y que se puede interponer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
En el caso del artículo 29, se busca cambiar la denominación de “Inicio de la Etapa Preparatoria” a “Investigación Sumaria”, y se apunta a suprimir el “informe preliminar”, documento con el que se formaliza la instrucción del sumario, se rechaza la denuncia, o se remite la causa a la jurisdicción correspondiente.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Renán Cabezas, subrayó a este medio que sólo se trata de un anteproyecto de ley que está en una fase preliminar de socialización con los legisladores de la bancada del partido azul y que requiere debatirse.
El asambleísta agregó que una vez que la propuesta sea socializada y consensuada al interior de la bancada, se presentará como proyecto de ley ante la Comisión de Constitución para su respectivo tratamiento. “Estamos en una etapa de socialización (…) Todavía es un anteproyecto de ley”, manifestó escuetamente Cabezas.
La jefatura de bancada del MAS convocó ayer a los legisladores de La Paz de ese partido para una reunión de “socialización de emergencia” del anteproyecto de ley. No obstante, algunos asistentes indicaron que la cita se suspendió porque “no se pudo conectar el ministro por zoom”.
Alarcón sostuvo que el MAS, en caso de presentar este proyecto de ley, lo hará justamente después de que el ministro de Justicia, Iván Lima, presentara cuatro denuncias para juicio de responsabilidades contra Jeanine Añez. “Obviamente está queriendo acomodar las reglas de juego para beneficio del denunciante y en contra de los denunciados, que tienen la presunción de inocencia”, afirmó.
“Todavía es un anteproyecto de ley y no se ha debatido, necesitamos debatir”. Renán Cabezas (MAS), presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados
“Es inconstitucional, la CPE dice que es el pleno del TSJ en única instancia que juzga y sentencia, no hay apelación”. José Luis Santisteban, abogado constitucionalista
“Quieren acomodar las reglas de juego para beneficio del denunciante y en contra de los denunciados”. Carlos Alarcón, jefe de bancada de CC en Diputados
