Nuestro país está viviendo una coyuntura muy delicada que obedece a la ambición política, los afanes del control del poder y la sistemática destrucción de la institucionalidad durante los últimos 15 años. Se ha confundido a democracia con ir a las urnas, y se ha descuidado la preservación de los valores democráticos, permitiendo una serie de transgresiones. Las tres elecciones realizadas en poco más de un año, y sus complejas derivaciones, demuestran que algo va muy mal y que es necesario rectificar y comprender que se entiende por democracia.

«La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria con equivalencia entre hombres y mujeres». Ese es el texto del Art. 11 la Constitución Política del Estado, que además especifica los mecanismos para que el pueblo ejerza sus derechos. También sentencia que la soberanía reside en el pueblo, y que las autoridades están obligadas a respetar el ordenamiento legal, ya son nulos los actos de personas que transgreden las normas. Es necesario comprender los alcances de la democracia y el respeto a las leyes en estos momentos en los que el país sale de una serie de elecciones, y al mismo tiempo se viven momentos de incertidumbre política, detenciones, enjuiciamientos y reacciones de la comunidad nacional que pueden derivar en problemas mayores.

La democracia tiene muchas interpretaciones, de acuerdo a la ideología, militancia política o simplemente de acuerdo a las circunstancias. Pese a sus debilidades es considerada la mejor forma de gobierno. Lamentablemente, los políticos tuercen los principios y vulneran las esenciales manifestaciones de la democracia que son la libertad y los derechos de los ciudadanos, así como el respeto a la Declaración de los Derechos Humanos, que es la base de convivencia universal. Hoy, como en muchas otras oportunidades, el país nuevamente se ve sacudido por acciones políticas que pisotean los derechos y garantías de los ciudadanos.

En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos inquebrantables establecidos en el contrato social, que es la Constitución Política y el ordenamiento jurídico. Pero, además, la democracia implica respeto, reglas claras y principios éticos. Algunos políticos promueven la idea que el voto es igual a democracia. Es necesario comprender que esa es una simplificación inaceptable. Bolivia, probablemente se haya constituido en el país que en los últimos años ha gastado más en elecciones y referendos. Esta secuencia ha representado un millonario gasto, cuyos resultados de efectividad todavía están en la penumbra. Pero los esfuerzos por profundizar la democracia, la seguridad jurídica, la credibilidad, transparencia, el respeto institucional, la justicia social y otras deudas con el pueblo, todavía son tarea pendiente.

Sin duda la gimnasia democrática de ir a las urnas ha hecho posible solucionar gran parte de las controversias de mayor riesgo para la unidad del país, y traducen el sentimiento del pueblo boliviano que prefiere la consulta popular antes que la imposición por la fuerza. Este convencimiento obliga a que los líderes políticos y la ciudadanía en general, reflexionen sobre la importancia de las urnas, pero también sobre la necesidad de que este instrumento vaya acompañado de otros valores implícitos en el concepto de democracia. Precisamente por olvidar esos valores es que se ha desplomado la vieja estructura de los partidos políticos tradicionales del siglo pasado, que aplastaron principios éticos y valores que tienen que estar inseparablemente unidos al actuar político en democracia. Recordemos que los tránsfugas dejaron la peor herencia al sistema político, que acabó por enterrar a decenas de partidos que pensaron más en el pragmatismo de las componendas, pactos, acuerdos y hasta en el fraccionamiento del poder mediante cuotas y espacios repartidos políticamente.

Hoy la incertidumbre se cierne nuevamente sobre el pueblo boliviano frente al atropello a las leyes y la utilización de la justicia como instrumento político. La Conferencia Episcopal emitió un pronunciamiento sobre el significado de la situación actual, señalando que «La democracia exige respeto a los derechos humanos», y deplora que no se respete el principio de la inocencia, el debido proceso. Añade que no se debe callar ante la persecución.