La detención preventiva de Jeanine Áñez, dos exministros y excomandantes militares en el marco del proceso penal por “terrorismo, sedición y conspiración”, repuso en primera línea la confrontación entre relatos que polarizan. Desde octubre de 2019, más allá de la disputa político- electoral, el país está dividido. La dicotomía “fraude versus golpe” impide cualquier acuerdo.

A reserva del análisis sobre la consistencia jurídico-procedimental de la acción de la Fiscalía en este caso, la polarización de relatos concentra la agenda pública, mediática y de las redes sociales. Una parte del país está convencida de que el derrocamiento del expresidente Morales fue obra de un bien sincronizado “golpe de Estado”, incluida injerencia externa. Otra parte cree con firmeza que la renuncia de Evo se debió al “fraude electoral”, que activó movilización ciudadana y una “sucesión constitucional”.

La otra disputa de relatos tiene que ver con el juicio penal y las detenciones preventivas de autoridades del gobierno accidental (algunas de las cuales ya fugaron al exterior). Una parte del país demandaba estas acciones y ahora las celebra como un acto de “justicia”. Otra parte las condena, calificándolas como “persecución política”. La batalla discursiva se prolonga, nuevamente, en el contraste entre “gobierno electo versus gobierno de facto”, de un lado; “democracia versus dictadura”, del otro.

Más allá de los relatos, proclamados como verdades absolutas que se autoafirman sin matices ni concesiones, lo que se pierde en medio de la polarización son los hechos. Ciertamente es imprescindible que los procesos judiciales, sin excepción, se hagan con apego estricto a la Constitución Política del Estado y las leyes, con pleno respeto a los principios de presunción de inocencia y debido proceso. Pero nadie debiera olvidar ni menos esperar impunidad ante hechos innegables vinculados al periodo transitorio.

Sin duda, los hechos más graves durante la crisis poselectoral 2019 son las violaciones de derechos humanos. En especial aquellos actos de la fuerza pública (militares y policías) que atentaron contra el derecho a la vida, como los producidos en las masacres de Sacaba y Senkata. Ningún relato, ningún discurso de plaza pública, ningún comunicado, ninguna “carta de denuncia” pueden eximir de responsabilidad a quienes permitieron, avalaron, planificaron y ejecutaron el asesinato por bala de compatriotas.

Como plantea la CIDH, es fundamental garantizar la investigación, juzgamiento y sanción de todas las violaciones a los derechos humanos. Y que haya reparación integral de las víctimas. Sin ello, difícilmente podrá avanzarse en el diálogo anticrisis, la construcción de acuerdos, la reconciliación. Que nadie se equivoque. Bajo la premisa de acceso a la justicia y debido proceso, lo que no tuvieron más de 1.500 presos del régimen de Áñez, el Estado tiene la obligación de enjuiciar a quienes hubiesen cometido delitos.