La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) informó este miércoles que está alistando el envío ante la Corte Penal Internacional (CPI) de antecedentes respecto a presuntos actos de lesa humanidad cometidos desde el último gobierno de Evo Morales, incluyendo la gestión transitoria de Jeanine Áñez y los casos Senkata y Sacaba.

La OEA ya había anunciado esa intención anteriormente bajo el argumento de que el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso.

“La Secretaría General de la OEA ha dispuesto los trabajos necesarios para el envío a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de los antecedentes correspondientes a presuntos actos de lesa humanidad a partir del último gobierno del ex Presidente Evo Morales hasta la actualidad, con la necesaria investigación del gobierno de transición al respecto, especialmente de los casos de Sacaba y Senkata”, dice el comunicado de este miércoles.

Explicó que toma ese paso con “el afán indeclinable de que la verdad, la justicia y la no repetición sean el signo que paute la convivencia del pueblo boliviano”.

Anunció que también se remitirá a la CPI las conclusiones e informes del Grupo de Expertos que está en Bolivia investigando los hechos de violencia de 2019.

En el comunicado, la Secretaría General consideró absurda la acusación de que haya participado en un “golpe de Estado”, tomando en cuenta que el organismo pidió en 2019 que el mandato de Evo Morales no sea interrumpido.

Asimismo, rechazó el comunicado de la Cancillería boliviana en el cual se acusa a Luis Almagro de no tener la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia, atribuyéndole una “injerencia colonialista”.

Recordó que la OEA participó del proceso electoral de 2019 con la Misión de Observación Electoral y la Misión de Auditoría por invitación del Estado Plurinacional de Bolivia, con acuerdos firmados entre la Secretaría General y el país, y no por ninguna “injerencia colonialista”. Consideró que ese concepto es “completamente absurdo en este caso”.

Repudió “el tono represivo y amenazante” del comunicado de la Cancillería, así como el afán de personalizar en Luis Almagro decisiones y posiciones institucionales de la Secretaría General.