Terminadas las elecciones subnacionales, la activación de procesos contra quienes supuestamente formaron parte del “golpe de Estado” de 2019 sorprendió al país: uno a uno, otrora jefes policiales y militares comenzaron a caer, y con ellos la exsenadora y expresidenta transitoria Jeanine Áñez y los exdiputados y exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra.

Las órdenes de aprehensión dictadas por el Ministerio Público causaron un remezón político y reactivaron movilizaciones que comienzan a recordar la crisis poselectoral de aquel año, que terminó con la renuncia del presidente Evo Morales y la proclamación de Áñez, y la represión policial-militar que terminó con más de una veintena de fallecidos en Huayllani (Cochabamba) y Senkata (El Alto).

Reaparecieron los mismos actores de la crisis: Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Iglesia Católica, Unión Europea, Brasil…

No podría esperarse manifestación distinta ahora que Áñez está bajo prisión preventiva.

Fuera del país Morales, hubo un desgobierno por un par de días, y el sistema político residual comenzó a operar. A la convocatoria de León de la Torre, representante de la Unión Europea, y la Iglesia Católica, las representaciones políticas comenzaron a escudriñar escenarios que no consignaban una eventual sucesión constitucional con otros cuadros del MAS, la mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa, sino con alguien contrario al entonces oficialismo. Era el escenario para quitarse del paso a un siempre incómodo Morales.

Incluso, muy oficiosa, Áñez —legisladora de una alianza que no pasó del 4% de votación— apareció el día de la renuncia de Morales como quien se haría cargo del país, entre lágrimas y temor ante tan tremendo desafío. Siendo segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, era la opción “ideal”, “el plan B”, como se le escapó decir a Doria Medina en la reunión de la Universidad Católica, según contó la exdiputadad del MAS Susana Rivero en el streaming Piedra, papel y tinta de LA RAZÓN.

Precisamente, Rivero estaba en primera línea de sucesión, en su condición de titular de la Cámara de Diputados, ante la renuncia de Víctor Borda, cuyo hermano fue vejado en Potosí a manera de presión, y también las dimisiones de la entonces presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, y el primer vicepresidente de ese órgano, Rubén Medinacelli, también amedrentado en Oruro. La exdiputada beniana denunció hace unos días que en la cita de la Católica la habían ignorado como eventual sucesora. “Con o sin el MAS, tenemos un plan B”, fue la frase que había recordado de la intervención de Doria Medina.

A la reunión de la Universidad Católica —en vez de que el escenario fuera la Asamblea Legislativa y los legisladores, los protagonistas— asisistieron De la Torre y monseñor Eugenio Scarpellini, en primera línea, y Ricardo Paz, en representación de Mesa; Doria Medina; Jorge Quiroga, que se encargó de apurar una posición del Tribunal Constitucional; un representante de Brasil; Waldo Albarracín; Jerjes Justiniano, en representación de Luis Fernando Camacho (que había cobrado protagonismo en la caída de Morales); Susana Rivero y Teresa Morales, en representación del MAS, y otros. Salvo Rivero y Morales, que a decir de la primera sus opiniones fueron ignoradas sin opción a una nueva discusión, todos arroparon a Áñez, quien la tarde de la segunda reunión, el 12 de noviembre de 2019, se proclamó, primero, titular de Senadores y, después, presidenta del Estado, pero sin quórum ni presencia de legisladores del MAS; es más, sin una resolución más que un manifiesto político suyo y al amparo de un “comunicado” sin firmas del Tribunal Constitucional.

Todo en cuestión de menos de 10 minutos, fuera de procedimientos legislativos. Al margen de los sucesos precedentes, en esa condición llegó Áñez al poder.

No se puede esperar otra posición de quienes la ungieron fuera de la Asamblea Legislativa. Ahora se defienden entre los suyos; defienden también su narrativa de la “legalidad” de la sucesión presidencial para no caer en lo que la misma Constitución limita.