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Se eleva el tono. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió este miércoles una respuesta ante un comunicado emitido el martes por la Cancillería de Bolivia, sobre el proceso contra exautoridades sobre el caso del supuesto “golpe de Estado”.
La OEA “desmiente los contenidos y repudia el tono represivo y amenazante del mismo, así como el afán de personalizar en Luis Almagro (secretario general de la OEA) decisiones y posiciones institucionales” de esa organización.
Ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó que Almagro “no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia, después del daño profundo que le hizo al pueblo boliviano con su injerencia colonialista durante el proceso electoral del 2019”.
Al respecto, desde la OEA enfatiza que “la impunidad nunca es una opción para un pueblo”, reafirmando que “es necesario dar justicia y debida reparación a las víctimas y a los familiares de las víctimas de todos los actos de violencia, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos en Bolivia”.
El pronunciamiento de la OEA:
Advierte que en el país son generalizadas las “injerencias políticas y la corrupción en el sistema judicial”, y que eso se agravó, restando credibilidad a los procesos que se iniciaron contra exautoridades del Gobierno de transición.
“La Secretaría General de la OEA condena cualquier forma de amenaza expresada contra el Secretario General, funcionarios de la OEA o integrantes de las Misiones de Observación Electoral o de Auditoría que debieron abordar trabajos respecto a la situación institucional de Bolivia o sus procesos electorales”, recalca el documento.
Resalta la imparcialidad de su auditoría que identificó las irregularidades en las elecciones de 2019, asegurando que no se puede pretender que esa investigación “documentada y probada" sea la responsable de generar hechos de violencia.
El comunicado de Cancillería:
La Cancillería nacional repudió “las opiniones con las que Almagro pretende dañar a un Gobierno democráticamente elegido, cuando en su momento evitó pronunciarse sobre las violaciones de derechos humanos durante el Gobierno de Jeanine Áñez, aplicando un doble rasero que intenta favorecer intereses de determinados grupos políticos".
A inicios de semana, la OEA pidió la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez; del exministro de Energía, Rodrigo Guzmán; y del exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, detenidos de manera preventiva en La Paz, por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo en 2019.
Además, cuestionó a la justicia boliviana y la acusa de no tener condiciones para ofrecer las garantías, a tiempo de plantear una investigación internacional sobre los hechos de corrupción en los que estaría involucrada la administración de Morales.
