El país se sume nuevamente, en menos de 15 meses, en una espiral de conflicto con riesgo inminente de enfrentamiento, a raíz de la detención y encarcelamiento de exautoridades, civiles y militares, del Gobierno transitorio, en el marco de un caso denominado “golpe de Estado” por el oficialismo que lo impulsa con un afán selectivo que evidencia los intereses políticos de su propósito. Propósito al que se prestan algunos jueces y fiscales.

A las multitudinarias protestas ciudadanas del lunes, en seis ciudades, reclamando la libertad de los encarcelados, sucedieron las advertencias de los sindicatos cocaleros del Chapare y de una confederación nacional campesina que se declaran en emergencia y dispuestos a movilizarse si aquellas protestas continúan.

Ayer, en la plaza principal de Cochabamba, un grupo de afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) expulsó a empujones a otro de activistas que protestaban contra la encarcelación de las exautoridades. Y en Santa Cruz, varias organizaciones cívicas del país decidieron convocar a un paro general en caso de que las detenciones continúen. Mientras que, en La Paz, la Fiscalía citó a declarar, en calidad de sindicado, al alcalde electo de esa ciudad —postulado por una agrupación opositora— en un caso de presunta comisión de delitos de incumplimiento de deberes, cuando ejercía el cargo de ministro de Obras Públicas del Gobierno transitorio.

Esta espiral de conflicto se origina en la manera cómo se ejecutaron las acciones judiciales que provocan las protestas. No se trata de proclamar la inocencia, de encarcelados y procesados. Inocencia cuya presunción está garantizada por la Constitución Política del Estado, lo mismo que “el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” de toda persona.

Pero el sistema de administración de justicia actúa de acuerdo con los intereses del Gobierno. No sólo del actual, pues lo hizo también del anterior, y del anterior. Al punto que la necesaria independencia del Poder Judicial, garantía de la vigencia del Estado de derecho, ha sido denunciada innumerables veces, incluso por el actual Ministro de Justicia, pocos días después de ser posesionado. “Si no tenemos la independencia judicial, no vamos a lograr nada, (…) no es bueno que la camiseta de los jueces pase de azul a verde y luego nuevamente azul, porque eso daña, destruye la credibilidad de la justicia”.

Una justicia que encarceló a exautoridades ejecutando acciones en las que varios abogados detectan más una decena de violaciones al debido proceso. Y por la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta su preocupación debido a “los antecedentes de violencia motivada por sucesos políticos e institucionales” y “la falta de independencia en la administración de justicia en el país, así como la prevalencia de desafíos estructurales en el sistema judicial”.