Bolivia
Mediante un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró a Bolivia su obligación de investigar, sancionar y garantizar la reparación integral de las víctimas y sus familias por las violaciones de derechos humanos en 2019.
Recordó en el documento que, con ese fin, la Comisión creó un grupo de expertos independientes para apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos sucedidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
“En esa línea, la CIDH sigue expresando su completo compromiso con la defensa y protección de los derechos de las víctimas y sus familiares”, sostiene.
El organismo se pronunció tras las órdenes de aprehensión que emitió el Ministerio Público en contra de la exsenadora Jeanine Añez y dos ministros del gobierno de facto, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, quienes son investigados por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo en el caso Golpe de Estado, que en 2019 derivó en la masacre de Sacaba y Senkata.
En este caso urgió al Gobierno boliviano a actuar en estricto cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de acceso a la justicia y debido proceso, debido a que tuvieron conocimiento por información pública que los aprehendidos denunciaron no haber sido notificadas oportunamente, entre otros aspectos.
La CIDH detalla en el comunicado que recibió información de que las personas aprehendidas recibieron asistencia oportuna del Servicio Nacional de la Defensa Pública, que fue rechazada por las exautoridades al contar con representación técnica de su confianza. También de que la Defensoría del Pueblo hizo pública su decisión de acompañar las acciones de la Policía Boliviana y el Ministerio Público para verificar la garantía del debido proceso, entre otros.
“Tomando en cuenta los antecedentes de violencia motivada por sucesos políticos e institucionales, la Comisión reitera su llamado a que se conduzca, desde el más alto nivel del Estado, un proceso nacional de diálogo y reconciliación con el objetivo de desactivar las tensiones y hostilidades latentes en la sociedad boliviana que promueva el pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas”, recomienda la Comisión en su comunicado.




