Estoy impactado. Hace unos meses escribí un libro que titulé El desencanto. 14 años del gobierno de Evo Morales (Ed. 3600, 2020). Ahí expliqué mi tránsito de la euforia del apoyo al presidente, a la decepción por descubrir en él a un gobernante déspota. Pensé que mi desasosiego con la política había llegado a su límite, pero no, el gobierno de Arce me sorprende todavía más: los últimos juicios y detenciones lo dibujan de cuerpo entero.

Hay que empezar recordando que en octubre del 2019 se generó un movimiento social que giró alrededor la defensa del voto y la democracia. Como todo movimiento tuvo aciertos, errores, excesos, incoherencias, contradicciones, y su destino final fue lamentable, aunque dio como resultado una presión popular contundente que condujo a la renuncia del presidente Morales (como lo hizo Goni el 2003). Logró lo impensable, que la autoridad más fuerte de la década tuviera que dejar el cargo. Acusar de “golpe de Estado” a esa movilización es pernicioso y deshonesto, se inscribe en lo que siempre hacen los poderosos: criminalizar los movimientos sociales e inventarles una nueva historia. En suma, mentir amparados en su poder. 

No debemos olvidar que Morales al huir del país se empeñó en sembrar el terror provocando un vacío para dejar actuar a sus allegados en completa libertad. Los relatos de lo sucedido el 10 de noviembre del 2019 en La Paz y en otras ciudades son espeluznantes. Casas incendiadas y allanadas, buses públicos quemados, piedras rompiendo los vidrios de los domicilios, niños llorando en el interior, gente desprotegida y buscando cómo defenderse porque la Policía no podía actuar, golpes y amenazas, fuego, palos, insultos. Esas horas de miedo, esos momentos en que niños asustados se refugiaban en los brazos de sus madres, protegidos en algún pasillo de su casa evitando las piedras que atravesaban sus ventanas y temblando por los gritos amenazantes de afuera, no se podrán borrar de la memoria. Y tenemos la responsabilidad de que así sea.

Pero volvamos al punto. El gobierno de Arce, además de anular esos recuerdos, ha empezado a utilizar la justicia con objetivos políticos. Evo lo hizo durante 14 años, Añez durante un año, y Arce aprendió más rápido que todos, en cuatro meses. Me impresiona cómo el presidente Arce y los suyos, que criticaron tan acertadamente la persecución política y el mal uso de la justicia contra a sus militantes, hoy repitan el libreto con peor saña. Entre Arce y Añez, en ese punto, hay pocas diferencias.

Tendenciosamente, el gobierno pretende imponer el relato del “golpe de Estado” y meter a todo y todos en ese saco. Para ello acude a algunas buenas fotos y símbolos, y sobre todo se refugia en las atroces matanzas de Senkata y Sacaba sucedidas días después de la movilización por la democracia. Hay que decirlo con toda claridad: los responsables de tales matanzas deben ser juzgados en un proceso justo, imparcial, y deben cumplir su condena. Pero a la vez, y se debe afirmar con igual contundencia, las muertes sucedidas en los 14 años del gobierno de Evo Morales deben ser, todas y cada una de ellas, sometidas a un juicio justo y condenar a sus responsables. 

No hay que olvidar que en las últimas semanas de su gestión al menos tres personas opositoras al régimen perdieron la vida, sumándose a la larga lista de muertos provocados durante el gobierno del expresidente. ¿Puede haber víctimas de primera y de segunda?, ¿valen más los muertos de una posición política que los de otra de acuerdo a la conveniencia de la coyuntura? No. No puede haber muertes impunes, en todos los casos se debe buscar justicia y condenar a responsables. Justicia para todos, no para los que favorecen al poderoso en turno y a un relato de la historia. “Ni olvido ni perdón”… para nadie; justicia para todos.

En fin, el comportamiento del gobierno de Arce, que indulta a sus militantes que causaron espanto, destrozos y dolor, y que manda a prisión a sus opositores políticos, es una muestra de que no se aprendió la lección del 2019. Todo lo contrario, es el esfuerzo por reinstalar el régimen de gobierno autoritario que controla todo (la justicia, los medios, las instituciones, los sindicatos, etc.) más allá de cualquier institucionalidad democrática, como lo hizo Evo. 

El mandato del presidente resultado del triunfo electoral del 2020 era pacificar el país, no polarizarlo; construir instancias independientes, no someterlas; luchar por la unidad de la nación acercando posiciones, buscando los puntos de encuentro y el diálogo, no empeñarse en la confrontación que genera odio y nos puede llevar a más luto. Todos queremos paz con una justicia independiente, y el gobierno debería ser su principal promotor. 

Qué lejos están las falsas promesas de reconciliación que salieron en la campaña, cuán equivocados estábamos quienes creímos -un poquito- que del masismo podía salir una renovación democrática. Estamos ante el inicio de un nuevo ciclo autoritario.

 
Hugo José Suárez es investigador de la UNAM.