Bolivia vivió tiempos de extrema intolerancia y violencia política durante los meses previos y posteriores a la renuncia del expresidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019. Fueron meses de confrontación  y de una enorme incertidumbre sobre el destino del país.

Esos momentos están frescos en nuestra memoria y los ciudadanos que tomaron las calles para demandar el respeto al voto, el respeto a la democracia y a la Constitución no lo hicieron instrumentalizados por un partido político, ni por un líder concreto y visible, aunque existieran intereses de instrumentalizarlos tanto del lado del MAS como de la oposición. 

Negar o relativizar lo que vivió el pueblo boliviano en carne propia –tanto quienes protestaron por los abusos y excesos del MAS como de quienes lo defendieron- es cínico e indolente. Si hubo una víctima de aquellos sucesos fue el pueblo boliviano.

Las horas posteriores a la renuncia de Morales, el vacío de poder lucía como el detonante más claro de más agresiones y muertes, y el descontrol se hacía imposible de contener.

Fue entonces que organismos internacionales, diplomáticos e instituciones de derechos humanos y de la Iglesia Católica procuraron una solución que mediara entre los extremos enfrentados. Es un papel que por definición juegan estos organismos en tiempos de convulsión y crisis política descontrolada.

Durante los días más críticos, cuando la confrontación parecía inevitable, la Unión Europea, Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, con monseñor Eugenio Scarpellini como principal mediador, lograron lo que parecía impensable: acercar los polos en disputa, al MAS y a la oposición, para dar luz a un acuerdo político que permitiera una salida.

La mediación abrió puertas a la pacificación del país y permitió los acuerdos que llevaron a la realización de elecciones transparentes, en las que fue elegido el nuevo gobierno nacional.

Ahora resulta que estas personas, organismos e instituciones son vistas con sospecha y desagrado por las autoridades de turno, quienes en medio de un proceso de “castigo sin perdón” –como declaró el exvicepresidente Álvaro García Linera en una entrevista a CNN- quieren incluir en su vendetta a los representantes de estas entidades por haber “apurado” una solución que no les agrada.

El vocero del Gobierno, Jorge Richter, sostuvo  en el programa Piedra, papel y tinta que  “la participación del entonces representante de la Unión Europea se encontraba bastante desequilibrada, en el sentido de que buscaba rápidamente alcanzar una solución de cambio presidencial. (…) En esa perspectiva, la mirada que tiene el Gobierno sobre aquella participación no es de un agrado completo, porque propició que  en Bolivia se pueda instalar un gobierno no constitucional”.

Es decir que quienes no hicieron nada para resolver la crisis y más bien azuzaban la violencia, como lo hizo el expresidente Morales, ahora pretenden decir cómo debieron hacerse las cosas; como cambiar ex post los hechos que derivaron en la posesión del gobierno transitorio.

Una lucha divisoria y encarnizada por el poder se beneficia de los extremos. Bajo ese criterio habría que haber esperado que sean ellos quienes pongan solución a los problemas que ellos mismos propiciaron, pues no debe nunca olvidarse que todo el proceso de convulsión se originó en la intención de Evo Morales de permanecer en el poder, violando la CPE y la voluntad popular.

El proceso de  pacificación del país pretende ser ahora satanizado como el umbral para el derrocamiento de Evo Morales, cuando fue el oxígeno que permitió desarmar los ánimos en esos duros momentos. Por ello, al menos siete organizaciones afines al MAS (como la COB, la Defensoría del Pueblo, Csutcb, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Fencomin, Fedecomin y la UPEA), solicitaron la renuncia de Morales y pidieron nuevas elecciones. Por ello también, la Asamblea Legislativa y el TCP dieron curso a la transición constitucional.

Si el MAS y quienes lideran esta arremetida autoritaria quieren reescribir la historia tendrán que acallar cientos de testimonios que prueban su error. La pacificación fue un proceso necesario y es preciso agradecer a quienes, corriendo riesgos y ahora estigmatización, lo encabezaron. La generosidad que no tuvo la clase política y mucho menos el MAS con el pueblo boliviano, la tuvieron que tener quienes la llevaron a término.