El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, admitió que es “una medida extrema” la amenaza de un paro de darse más detenciones en el marco del caso “golpe de Estado”, pero dijo que “el temor de la agente puede llevar a que también acepten estas medidas que hemos planteado”.

Representaciones cívicas de los nueve departamentos se reunieron en Santa Cruz y definieron exigir una amnistía, liberación inmediata de los que llamaron “perseguidos políticos” y advirtieron con ingresar a un paro nacional de actividades en caso de que continúen las detenciones por el supuesto “golpe de Estado” en 2019.

Calvo defendió en la red Uno las decisiones tomadas y las justificó porque, en su criterio, es la única forma de hacer frente a la “persecución política” contra quienes se movilizaron de forma “pacífica” en rechazo al fraude en las elecciones de octubre de 2019.

“Sabemos que es una medida extrema (el paro), pero también sabemos que el vivir perseguidos y atemorizados ningún cruceño y boliviano lo aceptaría”, justificó y aseguró que el temor terminará que acepten y se movilicen las personas.

“El temor de la agente puede llevar a que también acepten estas medidas que nosotros hemos planteado”, insistió.

La reactivación de los cívicos se da luego de que la Justicia enviara a la cárcel a la expresidenta Jeanine Áñez, a dos de sus exministros y al exjefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas almirante Flavio Arce San Martín por el caso denominado “golpe de Estado” o hechos que derivados en la dimisión del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019.

Los cívicos acordaron ir a un paro nacional si es que se da un detenido más dentro de la denuncia planteada por la exdiputada Lidia Patty.

También tienen órdenes de aprehensión los excomandantes de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y Sergio Orellana, al igual que el excomandante de la Policía Yuri Calderón.