La sorpresiva reacción de siete regiones del país que este lunes salieron en grandes concentraciones -multitudinaria en el caso de Santa Cruz- para rechazar la persecución política iniciada por el Gobierno, debiera hacer pensar al presidente Luis Arce que su estrategia está a un paso de incendiar el país, y el fuego que se extienda no será capaz de apagarlo ni él ni nadie sin un saldo trágico del que alguien será responsable.

Las marchas y concentraciones efectuadas la noche del lunes mostraron grandes grupos de ciudadanos que no están dispuestos a aceptar detenciones por razones políticas, ni a que se reescriba la historia para borrar el fraude de 2019 ni mucho menos registrar en su lugar la teoría del supuesto golpe de Estado.

El presidente Arce no ha aparecido en público desde el miércoles 10 de marzo cuando recibió en La Paz al canciller argentino, Felipe Solá, ni se ha pronunciado sobre la detención de la expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus exministros, lo cual ha dado lugar a versiones acerca de si es él quien ha ordenado esta ofensiva judicial que ejecuta su ministro de Justicia, Iván Lima.

Las dudas surgen del razonamiento de que tales acciones no favorecen en nada a la gestión del presidente Arce, porque ya han provocado una sensación de inestabilidad, persecución y crisis, y parecen obedecer principalmente al interés del jefe del MAS, Evo Morales, y su entorno radical con Álvaro García Linera y Juan Ramón Quintana. Es reiterativo recordarlo, pero no hay que perder de vista que Luis Arce es presidente gracias precisamente a la anulación de la fraudulenta elección de 2019.

A nadie podría ocurrírsele pensar que la intención detrás del enjuiciamiento a Jeanine Áñez y otros es obtener un fallo condenatorio que dé validez judicial a la teoría del golpe de Estado, y que producto de eso se declaren nulos de todo valor legal los actos siguientes al 10 de noviembre de 2019.

Tampoco a nadie se le ocurriría especular que al demostrarse judicialmente que hubo golpe y no fraude, se diera como ganador de las elecciones de 2019 al binomio Evo Morales-Álvaro García Linera para que, en consecuencia, accedan al poder en lugar de Luis Arce y David Choquehuanca.

Ambas son posibilidades impensables, ciertamente. Pero si no es así, ¿entonces cuál es el objetivo de esta peligrosa maniobra judicial en el inicio de una gestión de cinco años del presidente Arce de la cual apenas han transcurrido cuatro meses, y que ya ha comenzado a movilizar a fuerzas cívicas y opositoras que estaban tranquilas en el país?

A un presidente que llegó al poder con una contundente victoria de 55,1 por ciento de votación no le conviene enlodar el arranque de su gestión con acusaciones que hablan de vulneración de las libertades ciudadanas, los derechos humanos y la democracia, ni que se hable de presos, perseguidos políticos y ahora con parte de la comunidad internacional con los ojos puestos en Bolivia. Nadie se dispara conscientemente en un pie. Esas razones son las que siembran la duda de quién está detrás de todo esto y con qué fin.

A diferencia de Morales, el presidente Arce en su discurso de posesión dio señales de unidad y pacificación entre los bolivianos. Por eso resulta difícil creer que se quiera echar a medio país en contra, ni que esté de acuerdo con los atropellos inaceptables del fiscal que citó la condición de divorciada de la expresidenta Áñez como una razón para no ser confiable o fugar, por citar solo un ejemplo.

El presidente Arce tiene que dar la cara al país y explicarle si él ordenó todas estas acciones. Es preciso que el presidente le hable a Bolivia también para despejar las versiones que especulan sobre el estado de su salud.