Hace unos días se abrió el controversial debate sobre el denominado golpe de Estado en nuestro país. Bolivia vivió una dramática situación después de los comicios del 20 de octubre de 2019. Una comisión de la OEA realizó una auditoría al proceso electoral ante las numerosas denuncias de fraude por parte de la población.

Horas después de la publicación del informe preliminar y ante el enardecimiento del pueblo boliviano (por forzar innecesariamente una nueva reelección), las fuerzas de poder se amotinan y por ende los mandatarios entran en un delirio de temor y anunciaron sus renuncias a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, y abandonaron el país. Tal fue el pánico que se propagó una seguidilla de renuncias, entre ellas la de los sucesores de la cadena de mando constitucional (no hay peor enemigo que los creados por la misma mente).

Es oportuno aclarar que un golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino por parte de un grupo de poder de forma ilegal, violenta o a la fuerza, vulnerando las normas legales de sucesión en el poder político vigente con anterioridad.

Ahora bien, desde mi opinión jurídica no creo que lo sucedido fuera un golpe de Estado, ya que se cumplió con el procedimiento constitucional de transición de mandó presidencial “ipso facto”. Considerando lo dispuesto en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política del Estado (CPE). Procedimiento que es refrendado por el intérprete constitucional (TCP) conforme la jurisprudencia constitucional que se encuentra en la Declaración Constitucional 0003/01.

Ahora bien, quienes argumentan que se dio un golpe de Estado (una interpretación que supera la ficción), es oportuno razonar jurídicamente. Esto en la hipótesis de que en el juicio se condene a los perseguidos por la consumación del ¿golpe de Estado? (sería un best seller de páginas negras de nuestra justicia).

Bajo el principio de legalidad y en comprensión a la teoría del árbol del fruto podrido, podrían ser “nulos de pleno derecho” (sin efecto jurídico) todas las actuaciones producidas en el Gobierno de Áñez.

Para recordar una de ellas, citamos las designaciones de los miembros de los Tribunales electorales. Y como consecuencia sus actuaciones. Y con esto contaminando de nulidad las elecciones nacionales al igual que las elecciones subnacionales. Y como consecuencia nuestro país pudiera padecer de un mandato presidencial “sine iuris effectus”.