Medio: El Deber
Fecha de la publicación: martes 16 de marzo de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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Numerosas instituciones y organismos internacionales se han pronunciado en referencia a la detención de la expresidenta Jeanine Áñez, dos de sus colaboradores y parte del alto mando militar y policial. Todos, de una manera u otro, exigen que la causa avance de acuerdo a la independencia de poderes y cumpliendo los procesos de manera cuidadosa.
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Numerosas instituciones y organismos internacionales se han pronunciado en referencia a la detención de la expresidenta Jeanine Áñez, dos de sus colaboradores y parte del alto mando militar y policial. Todos, de una manera u otro, exigen que la causa avance de acuerdo a la independencia de poderes y cumpliendo los procesos de manera cuidadosa.
En Bolivia, uno de esos pronunciamientos, el de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha provocado reacciones diversas.
La Secretaría General de la OEA manifestó su preocupación ante la instrumentalización de la justicia "en favor del partido en Gobierno". Además de exigir un proceso justo y transparente, la OEA pedía al ejecutivo que amplíe los hechos de investigación tanto a los antecedentes del proceso electoral como a todo el periodo posterior correspondiente al gobierno de transición. Es decir, tanto las denunicas de corrupción que recaen en Evo Morales como las acusaciones de violencia que apuntan a Jeanine Áñez.
La Cancillería ha criticado duramente el tenor del mensaje compartido por la entidad internacional. Por su parte, los nueve comités cívicos del país "recogen el guante" y piden que se conforme una comisión internacional que investigue de manera imparcial los acontecimientos ocurridos en el país entre octubre y noviembre de 2019.
La reunión nacional de los nueve comités cívicos presentó una carta que será remitida al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en la que manifiestan que "hacemos eco de su llamado para que se conforme una comisión internacional y se libere a los presos políticos que han sufrido este atropello ante la inexistencia de una justicia imparcial".
El comunicado suscrito por los responsables cívicos insiste en la "amenaza inminente a la democracia y a la vigencia del Estado de Derecho" que se vive en Bolivia debido a las "vulneraciones de los derechos humanos de los bolivianos por parte del Gobierno del presidente Luis Arce Catacora".
En concreto, el comunicado recuerda que "la auditoría de la OEA, apoyada por la Unión Europea y otros organismos internacionales evidenciaron la manipulación dolosa de la voluntad del pueblo expresada en su voto". A raíz de ese hecho y de la protesta ciudadana ante el considerable fraude, el entonces presidente Morales alentó "mecanismos de confrontación por grupos de choque armados" y "un plan de cortar suministros básicos a centenas de miles de bolivianos".
El documento también hace alusión a las emboscadas que sufrieron los mineros y universitarios en su camino a La Paz, así como la violencia desatada en Montero cuyo "saldo fue de 2 pérdidas fatales".
El relato planteado por los cívicos alude al "alejamiento de sus colaboradores” y los diversos pedidos de renuncia por diversas organizaciones afines como la COB, los movimientos sociales de militancia masista, la Defensoría del Pueblo, el procurador general del Estado y universidades. A ellos se suma la sugerencia expresada por las Fuerzas Armadas.
La acumulación de protestas y solicitudes de renuncia desencadenaron en la “renuncia voluntaria” manifestada por el exmandatario aquella mañana del 10 de noviembre.
Para salvar el “vacío de poder” en el que se encontraba el país tras la huída de Morales, se tuvo que aguardar al "pronunciamiento del Tribunal Constitucional y la aprobación de la Asamblea Legislativa que siguió funcionando" y constituyen una prueba clara de que se produjo una sucesión constitucional.
Antes de solicitar que la OEA consolide la oferta para disponer una investigación internacional imparcial, los cívicos destacan que la persecución judicial a líderes y ciudadanos responde a una "arremetida guiada por la venganza y otros oscuros propósitos políticos".
De acuerdo a la información recabada por EL DEBER, el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga, será el emisario que hará entrega de la carta al Secretario General de la OEA.
Cancillería considera una intromisión el comunicado de Almagro
La respuesta de la Cancillería al comunicado de la Secretaría General de la OEA personifica en la figura de Luis Almagro los reclamos y califica como un "exceso inadmisible para el cargo que ocupa".
"El comunicado de Luis Almagro, como sus acciones en el pasado, está dirigido nuevamente a polarizar nuestro país en base a mentiras, pretendiendo reavivar el camino de la violencia y la confrontación entre bolivianos", explica la carta difundida desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Descalifica al Secretario General de la OEA a quién vincula con la defensa de ciertos intereses personales y políticos. Por ello, destaca que "no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia, después del daño profundo que le hizo al pueblo boliviano".
Recuerda también "su injerencia colonialista durante el proceso electoral del 2019". La respuesta al comunicado también plantea que "sus acciones costaron vidas humanas y debe rendir cuentas por su comportamiento parcializado y alejado de la objetividad".
De esta manera, se suma al pedido expresado en su cuenta personal de Twitter del expresidente Morales que también solicitaba incluir al Secretario General en el proceso.
En el texto compartido por la Cancillería se argumenta que "un informe manipulado y sin elementos ni pruebas de un supuesto fraude, contribuyó a la convulsión social, a la generalización de hechos de violencia" que desembocaron el la renuncia, y posterior huida, de Morales.
Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresa que "llevará adelante las iniciativas necesarias para que las reprochables acciones de Luis Almagro no queden impunes".
