Ya que decidieron aprehender a Jeanine Añez, entonces tienen que meter presos a todos los que participaron del “golpe de Estado”. Esto incluye a Eva Copa, como presidenta del Senado; a Sergio Choque, como presidente de la Cámara de Diputados; a todos los senadores y diputados masistas que, como mayoría en el Congreso, aprobaron las cartas de renuncia de Evo Morales y de García Linera. También incluyan en la lista a los miembros del Tribunal Constitucional, que avalaron la transición constitucional de Jeanine Añez.

Tampoco vayan a olvidar a los millones de bolivianos que por 21 días pararon el país, cada uno en sus esquinas o rotondas, organizando turnos y haciendo ollas comunes. No olviden a los mineros y estudiantes que se dirigían en buses de Potosí a La Paz. O a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana y sectores indígenas que pidieron la renuncia de Evo Morales. Y si se animan, también metan presos a todos los representantes diplomáticos de los países e instituciones internacionales que reconocieron la transición constitucional en Bolivia.

Argumentar que existió un “golpe de Estado” no tiene base jurídica, ni se condice con la realidad. Llamar “golpe de Estado” a un instrumento democrático, como es la manifestación ciudadana, es manipular con argumentos ideologizados. Evo Morales y García Linera se vieron forzados a renunciar producto de sus propios “errores”, que más bien son delitos. No sólo es el fraude electoral de 2019, eso fue lo que detonó la crisis y llevó a que los ciudadanos se movilizaran y el país parara. Bolivia transcurrió por un proceso de creciente descontento social. 

Evo Morales y sus promesas de cambio se diluyeron, él traicionó en reiteradas ocasiones a sus propias bases. La persecución política sistemática que ejerció su gobierno llegó a extremos que incluyeron ejecuciones, como la del hotel Las Américas y otras matanzas. 

Pero lo que cruzó los límites de lo que los ciudadanos estaban dispuestos a aceptar fueron las maniobras de Morales para intentar mantenerse en el poder. El desconocimiento del Referéndum de 2016, el uso del Tribunal Constitucional para que le reconozca su “derecho humano” a presentarse nuevamente como candidato. 

A todo esto, no hay que olvidar la serie de decretos que finalmente desembocaron en el incendio de la Chiquitanía. Así como su llamado a que ciudadanos bolivianos del campo cercaran las ciudades, para que dejaran sin comida a sus propios compatriotas. 

Indiferentemente de la calidad de la gestión de Jeanine Añez como Presidenta,  su detención es inaceptable, repudiable, atenta contra el sistema democrático ya tan vapuleado en Bolivia. No es otra cosa que persecución política. Esto evidencia además que Bolivia tiene un sistema de justicia títere de los políticos en funciones.

Aquí no se trata de apoyar una ideología o a un partido político, se trata, otra vez, de una defensa de la democracia, rechazo a la falta de respeto a los derechos humanos y un rotundo rechazo a la persecución política. El presidente Luis Arce, en declaraciones en 2020, mientras aún era candidato presidencial, se refirió a Jeanine Añez como “presidenta transitoria constitucional”; ¿está haciendo ahora el papel de “tonto útil”, dispuesto a desestabilizar el país por compromisos con Evo Morales? 

Que algunas instituciones internacionales estén llamando a un “proceso justo” para los detenidos es también decepcionante. Ellos mismos reconocieron la constitucionalidad del proceso transitorio en Bolivia y reconocieron al gobierno de Añez. Lo que debería de pedir la comunidad internacional es el cese de la persecución política en Bolivia y la liberación inmediata de Añez, de sus exministros, militares y policías.

Presidente Luis Arce, si no están del lado de la democracia y la legalidad, entonces no sean tan cobardes y metan presos a todos.

Ana Soliz de Stange es PhD, docente e investigadora en la Universidad de las Fuerzas Armadas en Hamburgo.