Familiares de Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra, dos ciudadanos que perdieron la vida en un enfrentamiento en Montero, en octubre de 2019, contra seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS), denuncian que el proceso en contra el Gobierno de Evo Morales y la militancia del partido azul no avanza y contradicen las declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima.

En las últimas horas, el ministro Lima señaló que se busca una condena de 30 años contra la expresidenta Jeanine Áñez por diferentes hechos donde ciudadanos perdieron la vida en diferentes regiones, incluido el caso de los cívicos cruceños, muertos por impactos de bala en el municipio de Montero tras las revueltas que se dieron en el país por los indicios de fraude electoral.

"No sé cómo el ministro Iván Lima osa hablar de los muertos en Montero cuando al instante que gana el MAS empiezan a soltar a todos los implicados y acusados por esas muertes", lamentó Marcelo Endhir Terrazas, excandidato a diputado por Creemos e hijo del fallecido Marcelo Terrazas.

Por otro lado, Jorge Valda, abogado de la familia de Salvatierra, recordó que la acusación en contra de los militantes del MAS y del exguerrillero de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Facundo Molares, quedó en nada y, por el contrario, fueron puestos en libertad tras el retorno del masismo al Gobierno central.

"Existe una acusación contra los autores materiales e intelectuales, hay un fenómeno que es indignante y que está en contra de las garantías de las víctimas, que se da cuando Luis Arce gana las elecciones donde cada imputado empieza a salir en libertad y no hay nada que garantice su presencia en los juicios" apuntó Valda, quien también es asesor jurídico del Comité pro Santa Cruz.

Vale recordar que, en su declaración, el propio Molares (que tras ser liberado retornó a Argentina en diciembre de 2020) admitió que estuvo en el enfrentamiento donde Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas perdieron la vida y, según las pesquisas, el extranjero habría tenido cercanía e incluso dado entrenamiento a militantes del MAS. 

Otra de las personas liberadas fue la diputada Deisy Choque, investigada por los enfrentamientos en Montero. Y hay otras personas ligadas al Gobierno de turno quienes "tienen que decir la verdad".

"Lo que hace el ministro Lima es un error porque vivir en democracia no es controlar el poder, sino respetar una justicia independiente y que las víctimas tengan un acceso a esa justicia", apuntó Valda.

Endhir Terrazas recordó que su padre fue asesinado en Montero por un disparo de bala cuando el presidente era Evo Morales y está a la espera un juicio de responsabilidades contra el exmandatario, sus ministros y los autores intelectuales, con esa misma contundencia que manifestó el ministro Lima contra Jeanine Áñez. "30 años de cárcel para quienes asesinaron a mi padre y contra quienes ordenaron su asesinato", dijo.

El hijo de la víctima instó al ministro Lima a ser coherente y que no caiga en el juego de manipular el sacrificio de los ciudadanos que salieron a las calles en 2019 para "liberar a Bolivia de la opresión que hoy se está queriendo imponer nuevamente con un manoseo y persecución".

"Es una vergüenza que el Gobierno trate de tapar el sol con un dedo y hacer creer que ellos son víctimas, cuando en realidad su única forma de gobernar es con amedrentamiento y persecución. Como pueblo boliviano estamos defendiendo un derecho que nos corresponde, un derecho que no nos vamos a dejar quitar solo por la sed de venganza que tiene el MAS", manifestó Terrazas.

Un caso no avanza, otros sí

El jurista Valda agregó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lleva adelante la investigación sobre estos hechos de violencia y fue a ellos a quienes se entregó un informe donde se exhibe que los hechos de octubre y noviembre de 2019 no son parte de una trama de un supuesto 'golpe de Estado', sino el malestar de la población ante el fraude electoral y afán prorroguista de Evo Morales.