La ofensiva represiva en curso es parte clave del lanzamiento de la impaciente campaña presidencial de Juan Evo Morales Ayma para suceder a su pupilo y, todavía protegido, el actual Presidente del Estado. 

Para entender y evaluar un hecho político, antes que deplorarlo  en este sistema y bajo la lógica de los actores políticos que prevalecen universalmente, lo más importante es buscar sus causas y contrastarlo con sus objetivos, tal como lo recomendaba entre los más destacados estudiosos, el casi olvidado filósofo Charles Bettelheim.

El fingido asombro del expresidente ayuda a ratificar su activo y febril impulso y participación en el impulso de la razzia de detenciones y persecuciones. Su motivación -causa base- es la creencia de que sólo él puede y debe conducir los destinos del país. Bajo esa lógica, comparendos, órdenes de detención y arrestos, ejecutados con creciente intensidad y velocidad detrás del ruido electoral, han pasado a primerísimo plano con la captura de un almirante, la expresidenta interina y dos de sus ministros.

Hoy han sido miembros del gobierno interino - militares y policías - los objetivos seleccionados para amedrentar; mañana cualquiera, comenzando por la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia o cualquier opositor o crítico del MAS.

Estas medidas, como apertura de la campaña “Evo vuelve”, componen una característica “operación envolvente”, a decir del ahora sigiloso exvice, porque tras la revancha contra los que se encaramaron en el poder en 2019 se ejecuta un primer objetivo que es borrar las imágenes de la fuga de Evo-Álvaro; al mismo tiempo que se intenta con la otra pinza, disimular y difuminar la incapacidad oficial para enfrentar la pandemia y evitar el colapso económico.

De modo igualmente imperioso, para que la operación funcione, se trata de escamotear el papel protagónico del jefe y dueño de campaña del MAS en las humillantes derrotas como las de El Alto, Santa Cruz, La Paz y otras.

Por lo anterior, son importantes las probabilidades de que los siguientes objetivos político-jurídico-militar (en el sentido de arbitrariedad bélica empleada) sean los candidatos no masistas (o exmasistas) ganadores de gobernaciones y alcaldías. El Alto, La Paz, Trinidad, Beni, Cobija están en la primera línea de riesgo. 

El apresamiento de la señora Añez y sus ministros empalma con las mismas prácticas que ella y sus principales colaboradores copiaron del régimen de los 14 años, y ese antecedente debería servir a los señores Arce Catacora y Choquehuanca para darse cuenta  de que el miedo no subsanará las necesidades y problemas que se comprometieron a  solucionar, y puede terminar, fácil y más rápidamente de lo que pueden esperar, engulléndolos a ellos.

No hay motivos suficientes para pensar, en este momento, que la campaña de “Evo vuelve” busque derrumbar a sus correligionarios. Pero no dudará un instante en hacerlo, teniendo en cuenta la incapacidad actual para gobernar y resolver problemas se agudizará por los ecos de la oleada represiva que han autorizado.

Desde su ingreso, el actual Presidente enfrentó, como cualquier otro en su lugar, el riesgo de tener un mandato abreviado por la gravedad de los problemas vigentes.  La mayor parte de sus acciones y omisiones, incluyendo su respaldo a la oleada represiva, apuntala y acelera esa posibilidad.

Los plazos constitucionales son irrelevantes para los jefes masistas, un escollo, porque los asumen como un detalle “abstracto y formal”. Por eso coparon el Tribunal Constitucional con serviles empleados, ejecutores del único y auténtico golpe con su sentencia 084/2017 que autoriza la reelección permanente y declara inconstitucional a la Constitución e ignorar al referendo popular de 2016.

Así suspendieron objetivamente hasta hoy la vigencia de la Constitución, con la permisiva actitud de la Corte Interamericana, que implícitamente respalda la espuria legalidad reelección perpetua.

El deterioro de la gobernabilidad que fomenta el repudio a la represión no perturba a los estrategas y al beneficiario de la campaña “Evo vuelve”, porque quienes quieren suplantar con persecuciones judiciales las paupérrimas respuestas estatales ante la pandemia y el adelanto del desempleo, el hambre y la pobreza, suponen que el retorno de Morales Ayma es la mágica respuesta a cualquier problema.

En una democracia sin partidos, como es la boliviana, resolver la conjunción de la primera pandemia y la agonía del modelo de desarrollo queda exclusivamente en manos de la sociedad, porque los profesionales de la política están demasiado abstraídos en la más turbia y mezquina disputa por parcelas de poder.

Roger Cortez es director del Instituto Alternativo.