Con órdenes de aprehensión apuradas y aparentemente improvisadas, el gobierno del MAS ha emprendido un proceso de persecución política que ha puesto en vilo al país y ha generado un clima de temor, venganza e incertidumbre; además de una alarma no sólo nacional, sino internacional. El caso más preocupante es el de la exmandataria Jeanine Añez, a quien, por esa condición, le corresponde un juicio de responsabilidades, no un encarcelamiento exprés.

Aquéllos que reclamaron persecución durante el gobierno de Añez son ahora los perseguidores,  y han emprendido un proceso atrabiliario y desorientado de detenciones que claramente pasa por alto las leyes, los derechos humanos y la propia Constitución Política del Estado.

Como los límites jurídicos lucen   difíciles de sustentar, el gobierno apuesta a lo político al más puro estilo estalinista (primero encarcelar y luego buscar las razones que pretexten el apresamiento).

Al no tener dos tercios de votos en la Asamblea, el Gobierno inventa una figura penal de terrorismo, conspiración y sedición, a la que genéricamente llama golpe de Estado y que intenta situar antes del 12 de noviembre para juzgar por la vía ordinaria a la expresidenta. Dicho sea de paso, la exmandataria y sus ministros nada tuvieron que ver en los hechos previos a la asunción al mando, entonces si va a existir este caso, no deberían ser ellos los principales acusados.

Tampoco se ha aclarado si lo que se pretende esclarecer es la situación previa al presunto golpe de Estado, o de las víctimas que se produjeron en los hechos posteriores a la posesión del gobierno transitorio. Esto es clave, pues en la lista de detenidos figuran los excomandantes de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y de la Policía Yuri Calderón, quienes sugirieron a Evo Morales renunciar para contribuir a la pacificación del país. Recordemos que tanto Kaliman como Calderón habían sido cercanos y serviles a Morales y que sus pedidos se dieron en medio de una serie de hechos violentos, muertos y motines policiales. Ambos no tuvieron participación alguna en los hechos de Sacaba y Senkata.

Asimismo, ni la expresidenta ni los exministros pudieron participar de la supuesta conspiración para derrocar a Morales, pues asumieron funciones 48 horas después de su renuncia y no hay pruebas de que hubiesen liderado las revueltas previas a dicha dimisión. Nada de esto ha sido explicado por las autoridades actuales y prima en consecuencia la sensación de un acto de revancha política que no se compadece de las formas ni las leyes.

Es tan abiertamente sesgada esta mirada, que no se toma en cuenta a otros dirigentes, como Juan Carlos Huarachi de la COB o a la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, que también pidieron la renuncia de Morales. Ni a muchas exautoridades del gobierno de Morales, que admitieron que el vacío de poder generó las condiciones para la sucesión constitucional, entre ellas la propia expresidenta del Senado Adriana Salvatierra.

La tesis del golpe debe ser incorporada por el MAS a la historia sin importar lo que cueste. La renuncia y fuga de Morales se dio tras tres semanas de masivas protestas, en decenas de ciudades bolivianas. Sólo al final de ese proceso, cuando el gobierno estaba ya sin aire y contra las cuerdas, con una hemorragia de autoridades que renunciaban casi cada hora, es que militares y policías demandaron la renuncia de Morales.

Es crucial para el prestigio de Morales insistir en la idea de que su salida del poder fue inconstitucional y no debido a masivas protestas populares. Lo es porque de esa manera encubre el hecho principal de su abandono del gobierno: el que no haya reconocido los resultados del referéndum de 2016 y el fraude electoral avalado por la OEA y la UE. Pero la verdad, a veces, es más tozuda que los intentos de forzarla.

Los bolivianos están cansados del péndulo de la venganza política. La voluntad del pueblo se decide en las urnas y los impulsos autoritarios y revanchistas son rechazados. Bien debería recordarlo el expresidente Evo Morales.