Jeanine Áñez, la cuestionada expresidenta de Bolivia, ha iniciado la semana en la cárcel y, además, con la detención de otros miembros de su gobierno y colaboradores volvió a Bolivia un clima tenso de enfrentamiento entre las dos posiciones que hoy dividen al país y que parecían que se sobrellevaban con victorias y derrotas electorales desde octubre pasado, tras las elecciones generales, hasta las últimas semanas de elección de alcaldías y gobernaciones.

Áñez tiene cargos de sedición, terrorismo y conspiración en calidad de exsenadora por los hechos ocurridos en octubre-noviembre de 2019 a los que se sumarían, además, juicios de responsabilidades por sus actos como presidenta. De hecho, a ella se le critica la otorgación a militares de una inmunidad que derivó en la muerte de más de 30 personas y otras 800 heridas, además de innumerables casos de corrupción en el dramático escenario de la Covid-19, entre otros hechos que llegaron a avergonzar hasta a la población que inicialmente la apoyó.

La forma en que llegó al gobierno, que para una parte de la población fue un golpe de Estado, es muy debatida y seguramente no habrá nunca un consenso nacional; sin embargo, nadie puede negar que en su gobierno hubo una persecución a políticos y personas relacionadas con Evo Morales, de lo que resultaron detenidas alrededor de 1.300 entre exautoridades, funcionarios, gente que se manifestaba y, también, una secretaria privada, la empleada doméstica de un ministro, una niñera, un chofer, parientes… Un millar de personas salieron del país, líderes de opinión fueron silenciados o se callaron prudentemente, mientras el racismo se instaló con fuerza. Es posible que estos antecedentes hayan hecho que ahora se tema lo mismo y que la palabra “venganza” sea la más usada desde quienes la apoyaron.

Luego de la detención de Áñez y dos de sus exministros, varios políticos y expresidentes bolivianos (Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Jaime Paz) que la han apoyado o formaron parte de su gobierno (Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho, Iván Arias, Luis Revilla) hicieron conocer su rechazo a dicha detención y denuncian la falta de garantías jurídicas y democráticas. Llama la atención cómo es que estos políticos no dijeron nada cuando se cometían todo tipo de atropellos y corruptelas en ese gobierno.

Tienen razón, sin embargo, en que es necesario cuidar que todos los pasos legales sean los correctos y en que no se mellen los derechos de toda persona que se considere que tiene deudas con la justicia. El procesar a quienes han cometido delitos es necesario, sin que ello implique una represión política.

Áñez dice que no tiene motivos para huir del país, como lo hicieron los ministros más visibles en la represión de la disidencia, cosa que lleva a preguntarnos si es cínica o no tiene consciencia de lo que fue su gobierno. A ella, desde muchas posturas políticas y desde el machismo, se le ha dicho que ha sido usada, se la ha menospreciado y minimizado en su capacidad y posibilidad de decisión propia y también hoy se la disminuye en la capacidad de ser responsable de sus actos. La igualdad implica tener derechos y oportunidades, pero también responsabilidades.

Ojalá que ese cinismo o esa inconsciencia no sea contagiosa, que haya la madurez y capacidad de ver que en el gobierno de Áñez se cometieron un sinfín de hechos que deben ser juzgados, no por venganza sino por hacer justicia a las víctimas. No porque esto lo diga gente del gobierno actual, sino porque así debe ser. Porque un gobierno, cualquiera, no se debe levantar sobre las muertes de opositores.

La justicia no debe ser propiedad del gobierno de turno, sino de toda la población. En ese sentido, debe haber justicia sin represión a la oposición, no como en el pasado, sino aceptando las disidencias y el juego democrático y, como parte de éste, aceptando a quienes se han elegido y dejándoles gobernar tanto en el gobierno central como en alcaldías y gobernaciones departamentales.

La autora es periodista