Este lunes, el Gobierno inició una nueva arremetida en contra de la administración transitoria de la expresidenta Jeanine Áñez y sus ministros. El titular de Justicia, Iván Lima, en conferencia de prensa, anunció que presentó cuatro acusaciones de juicios de responsabilidades ante la Fiscalía General del Estado. Éstas deben ser aprobadas por dos tercios en la Asamblea Legislativa, de los que ahora no goza el Movimiento Al Socialismo (MAS).

La expresidenta fue aprehendida, al igual que dos de sus exministros, por el caso de presunto “golpe de Estado” en noviembre de 2019.

De las cuatro denuncias, dos fueron presentadas por el Ministerio de Justicia por el caso Fundempresa y FMI, mientras que las otras dos son de parte de particulares con asesoramiento de la entidad gubernamental por el decreto cuestionado por amenazar la libertad de expresión durante la pandemia y el caso de los repatriados de Chile que tuvieron que bregar para ingresar a Bolivia en 2020. Lima explicó que en el primer caso se acusa a Áñez por la ampliación “irregular” a Fundempresa de la concesión del servicio que se brinda para otorgar matrículas de comercio y el control de la actividad del rubro.

“El segundo (caso del crédito del FMI) es por un daño económico de más de 30 millones de dólares (…). Hay otras dos acciones que tienen que ver con el trabajo que hacen ustedes (los periodistas). Se utilizó delitos con la salud pública, se pidió que se derogue el decreto (4231)”, dijo. 

Señaló que, además de Áñez, en ese caso están implicados los exministros de Economía, como José Luis Parada, Oscar Ortiz y Branko Marinkovic.

Procedimiento

De acuerdo con el procedimiento, el Fiscal General debe remitir a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la proposición acusatoria planteada por el Ministerio de Justicia, para que esta instancia pase a la Sala Plena del TSJ y emitir una determinación.

“Yo creo que, en un plazo muy breve, en semanas no debiera pasar más, tendría que estar remitiendo estas acciones ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la ALP tendrá, en estos cuatro casos, que definir si corresponde o no un juicio”, explicó.

Las proposiciones deberán ser aprobadas por dos tercios de voto de la ALP, con los que el MAS no cuenta. 

“Si la Asamblea no da curso por dos tercios de voto a estos juicios, quedarían archivados”, reconoció el ministro Lima al sostener que esto significaría que el pueblo boliviano quedaría sin justicia.

Muertes

Sobre las muertes en Senkata y Sacaba, entre otras, dijo que esperan el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos de Investigación (GIEI) de la CIDH para presentar una proposición acusatoria, pero que actualmente hay juicios penales activados en la justicia ordinaria.

Lima informó que el próximo 30 de mayo el GIEI presentará su informe final sobre los casos Sacaba y Senkata. “Hemos pedido al GIEI para poder apersonarnos en ese caso y presentar esa proposición acusatoria (…) si está en la línea que hemos definido será posible”, dijo.

Los cuatro juicios

• Caso 1 - Retorno de Chile
  
  Denuncian que no permitieron el ingreso de bolivianos radicados en Chile que buscaban retornar al país. 

• Caso 2 - Libertad de expresión
  
  Rechazo al DS 4231 que prohibía difundir información de cualquier índole que atente contra la salud pública.

• Caso 3 - Crédito FMI
  
  Daño económico al Estado por el crédito FMI que generó supuestos costos económicos adicionales al Estado.

• Caso 4 - FUNDEMPRESA
  
  El DS 4356 amplió la concesión del Registro de Comercio por 15 años adicionales, hasta 2036.