Tras las aprehensiones y medidas cautelares aplicadas a ex autoridades del gobierno de transición por un supuesto golpe de estado en el año 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación por la falta de condiciones del sistema judicial bolivianos para llevar adelante un juicio justo y propone investigar gestión de Morales.

Mediante un comunicado, el organismo internacional expresó su preocupación por las distintas repercusiones manifestadas por instancias internacionales a causa del uso del aparato judicial como un instrumento represivo del gobierno de Bolivia.

Se señala que esta preocupación ya surgió tiempo atrás cuando este organismo observó las elecciones para miembros del Poder Judicial dejando de lado la participación de la oposición, asimismo cuando se iniciaron procesos en contra de los ex presidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga.

Este organismo señala que es preocupante el tema de la separación de poderes, por lo que es sistema judicial boliviano no se encuentra en condiciones de garantizar que los procesos recientemente iniciados contra ex autoridades gocen de imparcialidad.

“Es importante recordar que la carta democrática Interamericana en su artículo tercero, define como elemento esencial de la democracia representativa la separación e independencia de los poderes públicos. El sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso, debido a problemas de estructura y en particular de su integración” señala parte del comunicado.

Por estos motivos, este organismo señala que es necesaria la conformación de una comisión internacional encargada de la investigación de casos de corrupción desde la última gestión del ex presidente Evo Morales, hasta la actualidad, tomando en cuenta al gobierno de transición.

Además, se señala que en caso de encontrase indicios de crímenes de lesa humanidad, estos sean inmediatamente remitidos a la Corte Penal Internacional para su tratamiento.

De la misma forma, se ve la urgencia de una reforma al sistema judicial con la participación de todos los sectores de la sociedad y la liberación inmediata de todos los detenidos hasta que se cuente con los mecanismos imparciales para determinar responsabilidades.