La comisión de fiscales y la jueza cautelar Regina Santa Cruz incurrieron en al menos 11 violaciones al debido proceso en el caso del supuesto “golpe de Estado”, por el cual se encarceló preventivamente a la expresidenta Jeanine Añez y a los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra, denunciaron ayer la defensa y familiares de los imputados.
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Frente a las denuncias de que hay una “persecución política”, en la Fiscalía se limitaron a leer un comunicado que asegura que cumplen con la normativa.
El Gobierno publicó la foto de la expresidenta Jeanine Añez en la cárcel. Foto: Detras de la Verdad
La comisión de fiscales y la jueza cautelar Regina Santa Cruz incurrieron en al menos 11 violaciones al debido proceso en el caso del supuesto “golpe de Estado”, por el cual se encarceló preventivamente a la expresidenta Jeanine Añez y a los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra, denunciaron ayer la defensa y familiares de los imputados.
Por ejemplo, “nunca se les informó que existía un proceso en su contra”, afirmó Luis Adolfo Guillén, uno de los seis abogados que conforman el equipo que asumió la defensa de las tres exautoridades. Dalia Lima, esposa del exministro de Energías, Guzmán, denunció desde el viernes que la Policía violó todos los derechos de su familiar al “secuestrarlo” en la calle sin una orden de aprehensión. Por su lado, Carolina Ribera, hija de la exmandataria, calificó el proceso como un “abuso de poder” de parte del gobierno de Luis Arce, al que calificó de “dictatorial”.
“Es una revancha política. (La madrugada del sábado) cuando pregunté por qué hacían todo esto (la aprehensión), me respondieron que era por orden del presidente Arce”, aseguró Ribera.
Según la explicación de Guillén, una segunda violación a sus derechos es que la orden de aprehensión, emitida por los fiscales Omar Mejillones y Lupe Zabala, no reúne los requisitos jurídicos porque no los citaron a declarar. “Fue sin que existan los elementos necesarios para afirmar que ellos son autores o partícipes de un delito de acción pública”.
Como una tercera violación al debido proceso, señaló que los fiscales no tomaron en cuenta el hecho de que -en su criterio- ellos no tienen competencia para procesar a Añez y los exministros, pues, según la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, gozan de un fuero especial.
La Fiscalía General no respondió a las consultas de la prensa y uno de sus representantes se limitó a leer un comunicado que afirma que cumplieron con las normas. En lugar de los fiscales, el ministro de Justicia, Iván Lima, explicó que el proceso investiga las acciones cometidas por Añez antes de asumir la presidencia.
Sin embargo, Guillén afirmó que, pese a ese razonamiento, Añez, Coimbra y Guzmán, antes de ser dignatarios de Estado, eran legisladores y gozaban del mismo fuero especial, por lo que no pueden ser sometidos ante la justicia ordinaria.
Como cuarta vulneración, la defensa sostiene que la jueza Regina Santa Cruz les denegó el derecho de interponer excepciones e incidentes, que debieron ser tratados antes de realizarse la audiencia cautelar.
Sobre la quinta falta, la familia denuncia que, hasta ayer, los fiscales les negaron el acceso al cuaderno de investigaciones, por lo que desconocen “qué otras irregularidades cometieron” en su contra. El sexto punto, explicado por Guillén, es la acción “coercitiva” cometida por la presencia de los representantes de la Procuraduría del Estado y del Ministerio de Gobierno en la audiencia cautelar.
La séptima irregularidad, atribuida a la jueza Santa Cruz, es la tipificación de Lidia Patty como víctima, lo que según los abogados le concede de manera ilegal atribuciones jurídicas.
La octava observación al proceder de las autoridades es que el contenido de la imputación no cita una descripción sobre “las conductas” presuntamente ilegales que se cometieron. En esa línea, la novena observación es que la jueza modificó la calidad de los dos exministros imputados, de cómplices a autores.
La décima falta cometida contra Añez en la audiencia cautelar, según su defensa, se dio al momento de determinar la detención preventiva por una posible obstaculización a la investigación. Guillén aseguró que al dejar el cargo y vivir en Beni, no tienen contacto con otros involucrados y no pueden modificar pruebas, justamente por estar alejados del Gobierno.
Por último, la defensa manifestó que la jueza y los fiscales cometieron una falta al calificar que los viajes realizados mientras eran autoridades se consideren como hechos maliciosos que deben ser tomados como riesgo de fuga.
Crítica internacional
OEA La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió ayer un pronunciamiento en el que señala que la justicia boliviana “no está en condiciones” de brindar las “mínimas garantías” de un juicio justo para la expresidenta Jeanine Añez, “debido a problemas de estructura y en particular de su integración”.
Unión Europea Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, señaló que “las denuncias vinculadas a los hechos de 2019 deben ser atendidas en el marco de un proceso judicial transparente y sin presiones políticas, con pleno respeto a la independencia de los poderes”.
