1. La denuncia y el enjuiciamiento

contra la expresidenta Áñez por “sedición, conspiración y terrorismo” es una triquiñuela destinada a encarcelarla ilegalmente, eludiendo el juicio de responsabilidades que le corresponde como expresidenta por supuestos delitos que hubiere podido cometer en el ejercicio de sus funciones.

2. Eludir el juicio penal de responsabilidades, que tiene que tramitarse ante la Corte Suprema de Justicia previa autorización legislativa, es un ardid contrario a la Constitución y a los derechos fundamentales, reiterando el camino de la persecución política, de la venganza partidaria y de la confrontación, que pueden aparejar graves riesgos a la convivencia democrática y a la propia estabilidad gubernamental.

3. Nunca hubo golpe, sino fraude, sublevación ciudadana y fuga. Pero por un momento aceptemos que sí existió “golpe” y que, como consecuencia de él, se instaló un “gobierno de facto” que luego incurrió en varias figuras típicas, como los hechos luctuosos de Senkata y Sacaba, sobre los que también el Gobierno ha anunciado el enjuiciamiento de los gobernantes transitorios.

4. Si ello fuera así, la sedición, terrorismo y conspiración supuestas, no serían sino actos previos al “golpe de Estado” que, inmediatamente después, dieron origen al “gobierno de facto”. No se pueden separar los hechos previos de un supuesto golpe de Estado, de los delitos que después hubieran cometido los “gobernantes de facto”

5. Así ocurrió con García Meza, que fue enjuiciado por la Corte Suprema, siendo condenado por los delitos cometidos, incluyendo la sedición y la conspiración consumadas previamente, antes de posesionarse como presidente, como actos delictivos anteriores pero indisolublemente ligados al origen de su gobierno y a sus acciones posteriores. Ya aquella vez quedó clarísimo que, de ninguna manera, era legal ni pertinente, separar los actos sediciosos previos de los actos gubernamentales delictivos posteriores. Los primeros eran el vehículo para los segundos.

6. Hoy la separación que está haciendo el Gobierno no solo es una aberración jurídica, desde el punto de vista procesal penal, sino un ardid para violentar las garantías constitucionales y legales especiales que la democracia boliviana le otorga a la expresidenta Áñez como gobernante constitucional transitoria.

En el peor de los casos y siempre suponiendo que hubo “sedición, conspiración y golpe de Estado”, jurídicamente estaríamos en presencia de lo que el Código Penal conceptualiza como “concurso de delitos” (Art. 44 y 45) que por ley ameritan una SENTENCIA ÚNICA (Art. 46), que no puede ser sino el resultado de un juicio de responsabilidades.

7. ¿Por qué está volviendo el presidente Arce a los vericuetos abogadiles pretextando búsqueda de justicia? ¿Por qué ahora sus fiscales separan la supuesta sedición, conspiración y “golpe de Estado” de los actos supuestamente delictivos del “gobierno de facto” posteriores?

Está claro que el Gobierno del presidente Arce está urgido de un acto visible, no de justicia, sino de revancha vengativa en contra de la expresidenta porque requiere, a solo 5 meses de su instalación, urgentes balones de oxígeno frente a los radicales del MAS, frente a sus detractores internos de la antigua cúpula que lo tildan de pusilánime y que lo están cuestionando camino al chantaje o la desestabilización.

8. Pero sobre todo necesita oxígeno frente a la mediocridad, la falta de iniciativa y la inconsistencia de sus acciones de gobierno, hasta hoy incapaces no solo de enfrentar las crisis económica y social del país, sino de mostrar algún signo visible de “retoma del proceso de cambio”, por lo que aparece como un gobierno sin perspectivas de mediano plazo.

9. ¿El vicepresidente Choquehuanca estaba debidamente informado cuando este sábado 13 senaló que en el caso de Áñez “...no es el odio el que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia…”, copiando sin citarlo a Marcelo Quiroga Santa Cruz que dijo eso mismo en el juicio de responsabilidades contra Banzer?

10. Critiqué al Gobierno de Áñez precisamente por los abusos y no voy a defenderlo ahora. Pero no puedo estar de acuerdo con este atropello y peor cuando se lo hace a nombre de la justicia y contra la impunidad.

Hay que investigar todos los delitos que se hayan cometido, en la jurisdicción que manda la Constitución, pero todos, no solo los del Gobierno transitorio, sino los cometidos durante 14 años, los de atrás y de mucho más atrás.

La venganza igual que la impunidad están muy lejos de la justicia y de la democracia.