La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado refiriéndose a la crisis política que se desató en Bolivia luego de la polémica detención de la expresidenta Jeanine Áñez y dos exministros por el supuesto “golpe de Estado”.

El organismo internacional lamentó el abuso de los mecanismos judiciales que se “han transformado en instrumentos represivos del partido de Gobierno” y recomendó conformar una comisión internacional que investigue estos casos, y, mientras tanto, se debe liberar a todos los detenidos.

La OEA señaló que hizo seguimiento de varios casos en los que se denunció falta de garantías y que también se observó las elecciones judiciales porque no contenían garantías y mostraban un “muy avanzada cooptación de ese poder por parte del partido de Gobierno”.

También en su momento la Secretaría General de la OEA debió realizar gestiones respecto al enjuiciamiento de líderes opositores como los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga.

“En los últimos meses se ha constatado la cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS, así como amenazas de persecución judicial a políticos opositores al Gobierno”, señala el comunicado.

“Lamentablemente, esas amenazas se han concretado en muchos casos”.

En este sentido, el organismo señaló que “el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso, debido a problemas de estructura y en particular de su integración”.

Obviamente, la impunidad nunca es una opción ni para crímenes de lesa humanidad ni para la corrupción. Los conceptos de justicia, memoria, verdad y no repetición son fundamentales a la hora de cohesionar una mejor sociedad.

En virtud de lo planteado, la Secretaría General de la OEA considera necesario:

a) Conformar en el marco del sistema de la ONU y/o de la OEA una comisión internacional para la investigación de casos de corrupción desde el último período de gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad, incluyendo obviamente el período del gobierno de transición.

b) Remitir las denuncias sobre eventuales crímenes de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional para que el juzgamiento sea imparcial y atienda a variables objetivas de responsabilidad.

c) Reformar el Sistema de Justicia a través de un diálogo político profundo de todos los actores políticos, académicos y sociales, así como -de considerarlo oportuno- la cooperación internacional. La reforma de la justicia es imprescindible para transformarla legítimamente en un poder del Estado independiente y revertir el proceso acelerado de cooptación que sufre actualmente.

d) La liberación de todos los detenidos en el marco de este contexto, hasta contar con procesos y mecanismos imparciales para determinar responsabilidades como los señalados ut supra, y especialmente teniendo en cuenta la existencia de variables de persecución política como las denunciadas por el Instituto CASLA.