El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, informó en entrevista con la red ATB, que la primera proposición acusatoria se refiere al caso del préstamo de un crédito del organismo internacional que generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado, que a febrero de 2021 sumaron $us 24.3 millones, de los cuales 19,6 millones son por variación cambiaria y 4,7 millones producto de comisiones e intereses.

El gobierno transitorio encabezado por Jeanine Áñez Chávez, en el mes de marzo de 2020, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y en coordinación con el Banco Central de Bolivia, gestionó un préstamo ante el FMI sin aprobación de la Asamblea Legislativa.

Según documentación a la que tuvo acceso la Agencia Boliviana de Información (ABI), en este caso, la parte denunciante es el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

Los denunciados son la expresidenta Áñez, el exministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada Rivero; y el expresidente Ejecutivo del Banco Central de Bolivia, Guillermo Aponte Reyes Ortiz. Son acusados por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Caso Fundempresa  

El segundo caso está vinculado a la autorización de prórroga ilegal de concesión del registro de sociedades comerciales de Fundaempresa.

Este caso, según información a la que tuvo acceso ABI, el Decreto Supremo N° 26335 de 29 de septiembre de 2001, otorgó en concesión el Servicio Registro Público de Comercio al “Consorcio para el registro mercantil”, persona jurídica nacional de derecho privado sin fines de lucro, constituida por la Cámara Nacional de Comercio, Cámara Nacional de la Industria y Comercio de Santa Cruz y Cámara de Constructores de Santa Cruz, por un plazo de 20 años, es decir desde  el 20 de septiembre de 2001 hasta el 20 de septiembre de 2021.

Sin embargo, pese a haberse dado inicio a las gestiones para convocar a licitación pública del Servicio de Registro de Comercio, el régimen de Áñez, en predios de la Casa Grande del Pueblo, emitió mediante Decreto Supremo N° 4356 de 29 de septiembre de 2020, la aplicación de la concesión del Registro de Comercio por 15 años adicionales, vale decir, hasta el 29 de septiembre de 2036.

Habiéndose dictado ilegalmente la ampliación de la concesión, el 02 de diciembre de 2020, mediante Decreto Supremo Nº 4407, emitido por el presidente Luis Alberto Arce Catacora, se abrogó el Decreto Supremo Nº 4356 que amplía la Concesión del Servicio Público de Registro de Comercio, otorgada al Consorcio para el Registro Mercantil.

En este caso, el denunciante es el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y los denunciados son: la expresidenta Áñez y los exministros de Desarrollo Productivo y Economía Plural,  José Abel Martínez  y Adhemar Guzmán Ballivián por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y conducta antieconómica.

Caso residentes bolivianos en Chile

El tercer caso para la solicitud de juicio de responsabilidades está vinculado a bolivianos residentes en Chile que denuncian la vulneración de sus derechos humanos el 2020 debido al cierre de fronteras que les impidió ingresar al país durante la emergencia sanitaria.

En marzo de la gestión anterior, durante la primera ola de contagios, el régimen determinó la medida restrictiva. En aquella oportunidad, Áñez indicó: “Se declara el cierre total de fronteras, nadie sale ni nadie entra, salvo por temas de seguridad y salud”.

En ese contexto, centenares de compatriotas que residían en Chile decidieron volver al país por los efectos de la pandemia; sin embargo, fueron impedidos de ingresar a territorio nacional y se quedaron en frontera. Ante la emergencia, tuvieron que instalar un campamento precario para los afectados, sobre todo, para niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. 

Este lunes, la proposición acusatoria fue presentada por el ciudadano boliviano Ronald Montecinos, representante de la comunidad boliviana en Chile, quien recibió con asesoramiento del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

Caso restricción a la libertad de expresión en pandemia

Dos días después de ser confirmados los primeros casos, el 12 de marzo de 2020, mediante Decreto Supremo Nº 4179, el régimen de Jeanine Áñez declaró situación de emergencia nacional por la presencia del COVID-19 en el país. Desde entonces, en la primera ola, se aplicó una estrategia basada en la restricción.

A partir del 22 de marzo, rigió en todo el territorio nacional una cuarentena total aplicada por el Decreto Supremo N° 4199. La norma determinó que los estantes y habitantes en Bolivia debían permanecer en sus domicilios o en la residencia que se encuentren durante el tiempo que dure la cuarentena total.

Esa norma, permitía que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas salgan a las calles con el fin de vigilar el cumplimiento de las restricciones. Las personas que incumplían el Decreto Supremo eran sancionadas con ocho horas de arresto hasta 10 años de cárcel más la imposición de multas pecuniarias. Además, el régimen advirtió con privar la libertad de los funcionarios públicos que incurran en incumplimiento de deberes pese a la emergencia sanitaria.

Ante todas esas medidas en el régimen, el ciudadano boliviano Ronald Montecinos, también presentó una proposición acusatoria contra Áñez y sus ministros. Fue asesorado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.