La persecución política como instrumento para ocultar el fraude


Posterior a la contundente derrota del MAS en las recientes Elecciones Subnacionales, el Gobierno de Luis Arce ha comenzado una fuerte persecución política –con graves vulneraciones a los derechos humanos– con el objetivo de imponer su relato referente a un supuesto “Golpe de Estado” y, de este modo, negar el evidente fraude electoral perpetrado por el Gobierno de Evo Morales en las Elecciones Generales de 2019, el cual pretendió ser consolidado mediante una serie de represiones y ataques no sólo a cargo de las fuerzas de seguridad sino también por sus grupos de choque contra la sociedad civil que expresaba su repudio al fraude por medio de marchas, cabildos y paro total de actividades.

Lo inaudito de este caso, denominado “Golpe de Estado”, radica en que se pretende criminalizar el mecanismo de la sucesión constitucional (previsto en el artículo 169.I de la Constitución) que permitió que Bolivia pueda tener gobernabilidad luego de que Morales, el vicepresidente, y presidentes de las cámaras de Senadores y de Diputados renunciaron a sus cargos; en efecto, se aplicó el principio de continuidad administrativa que evitó el vacío de poder. En el ámbito de la comunidad internacional, el Gobierno de Jeanine Añez fue reconocido por Naciones Unidas, OEA, Unión Europea y otros países como Rusia.

Existen cuatro evidencias concretas de que el nuevo Gobierno tenía un origen constitucional y no así “de facto”: 1) la Asamblea Legislativa Plurinacional –de mayoría masista– aprobó, por unanimidad, la Ley Nº 1266 que dejó sin efecto los resultados del fraude y convocó a nuevas elecciones (24 de noviembre de 2019); 2) la Declaración Constitucional 001/2020 extendió el mandato de la presidenta y de los propios asambleístas (15 de enero de 2020); 3) la Ley Nº 1270 también dispuso la extensión señalada (21 de enero de 2020); y 4) la bancada del MAS aceptó la renuncia de Morales al día siguiente.

La persecución política que el Gobierno de Arce acaba de comenzar tiene relación con el reciente Decreto Presidencial que otorgaría amnistía a Morales y a mil de sus partidarios radicales por delitos graves y abusos cometidos durante la crisis social y política de 2019, lo cual genera impunidad para los autores. En concreto, se trata de una norma que vulnera la igualdad ante la ley (el Gobierno daría la amnistía a quienes tienen su misma filiación política), y también coarta el acceso a la justicia (ya no se investigarían los delitos cometidos contra las víctimas).

Cabe recordar que Morales logró ser candidato en las elecciones de 2019 a pesar de ejercer el cargo por tres periodos consecutivos durante casi 14 años (aunque el artículo 168 de la Constitución establecía un máximo de dos periodos). Para forzar su candidatura, Morales recurrió a tres artimañas: 1) se valió de la engañosa Declaración Constitucional 003/2013 para acceder a un tercer mandato; 2) convocar a un referéndum para viabilizar otra reelección, lo cual el pueblo rechazó con el 51,3% de los votos el 21 de febrero de 2016; y 3) la polémica sentencia 0084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional que determinó que la reelección indefinida es un “derecho humano” contraviniendo así al espíritu de la Convención Americana.

En este contexto de falta de independencia de los poderes públicos, se realizaron las elecciones cuyos resultados preliminares reportaban que habría una segunda vuelta; justo en ese momento, el Tribunal Supremo Electoral interrumpió el conteo –por más de 23 horas continuas– de manera arbitraria e injustificable. Luego, la OEA realizó una auditoría electoral –de casi 100 páginas– que comprobó la manipulación dolosa de los comicios en dos planos: la detección de alteraciones de las actas y la falsificación de las firmas de jurados de mesas; y la constatación que en el procesamiento de los resultados se redireccionó el flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por el Tribunal.
El fraude existió, la sucesión se produjo conforme a la Constitución, los poderes públicos siguieron funcionando, y la comunidad internacional y la sociedad boliviana reconocieron al nuevo Gobierno. En virtud de ello, resulta absurdo e inaudito criminalizar la sucesión constitucional de 2019.

(*) Luis Yañez es Alumno Antiguo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya (Países Bajos), es graduado de la School of Professional Studies de Columbia University (Estados Unidos de América), y es experto en Derechos Humanos.