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Medio: El Potosí
Fecha de la publicación: lunes 15 de marzo de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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La carta está dirigida a Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Josep Borrell, Alto Representante para Asuntos Exteriores de la UE, Luis Almagro, Secretario General de la OEA, Joel Hernández, Presidente de la CIDH y Jaime Vidal, Secretario Ejecutivo del GIEI.
En la misma, Mesa señala que el MAS ha montado la figura jurídica del “golpe de Estado” por los hechos de 2019 y que, en ese marco, se ha detenido ilegalmente a la expresidenta Jeanine Añez y dos de sus exministros.
Indicó que, en contraste, el MAS aprobó amnistía para Evo Morales y sus colaboradores desde el día de la elección anulada en 2019 hasta el comienzo del mandato del Presidente Arce en noviembre de 2020.
“Estas circunstancias demuestran que el objetivo de las detenciones inconstitucionales referidas, no es impartir justicia ni descubrir la verdad de lo ocurrido, sino infundir terror desde el gobierno, manipulando la fuerza policial, fiscal y judicial del Estado, para eliminar la oposición al actual gobierno y amordazar a parte considerable de la sociedad boliviana, que no comulga con la ideología y práctica del MAS, para evitar que reclame sus derechos y ejerza sus reivindicaciones. En otras palabras, el país enfrenta el riesgo de seguir el camino del régimen dictatorial de Venezuela”, dice la nota.
Mesa enfatizó que Añez fue presidenta por sucesión constitucional, que fue reconocido internacionalmente por la mayoría de los países que conforman la ONU y la OEA, mientras que en Bolivia fue avalada por una Declaración del Tribunal Constitucional y una Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, entonces controlada por el MAS.
“El aval del gobierno de la Presidenta Añez lo dio además, la toma del mando por el Presidente Luis Arce Catacora y el Vicepresidente David Choquehuanca Céspedes, cuya base sucesoria y de investidura no fue otra que la constitucionalidad del gobierno precedente”, agregó.
Por último, Mesa llamó a que “la comunidad internacional ponga su máxima atención en Bolivia, para evitar en un futuro próximo el colapso de la democracia y la vulneración sistemática de los derechos humanos”.



