Mesa señaló, en una conferencia de prensa en La Paz, que «este no es un problema jurídico, es un problema político que marca la decisión del Gobierno de Luis Arce-Evo Morales de llevar a Bolivia al modelo venezolano».

También advirtió de que en las recientes elecciones locales el partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) sufrió un revés que muestra la voluntad popular, pese a algunas graves irregularidades que permiten hablar de fraude en varios lugares del país como en Santa Cruz.

Mesa dijo que si se quiere entrar en la idea del golpe de Estado debería detenerse a todos los líderes y parlamentarios del MAS «que cohonestaron el Gobierno de la presidenta Áñez» 2019-2020), a la defensora del Pueblo «que pidió la aprobación de la renuncia del presidente Morales» y a todo el «sistema constitucional que avaló la sucesión constitucional de Áñez».

La expresidenta interina y los miembros de su Gabinete son acusados de «sedición y terrorismo» durante la crisis de 2019 tras las elecciones fallidas que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia.

Mesa señaló la «necesidad de apoyar los mecanismos democráticos de defensa de los valores y derechos ciudadanos, ya que la democracia boliviana es la que está en juego».

Apeló «al espíritu del 21 de febrero (día del referendo en el que el NO a la reelección de Evo Morales ganó) que hizo que la sociedad boliviana democrática se fuera organizando progresivamente para decirle al poder autocrático que no estaba dispuesta a aceptar el fin de sus derechos, de sus libertades y del sagrado derecho al voto».

El expresidente Mesa (2003-2005) finalizó su conferencia de prensa con la frase «nadie se cansa, nadie se rinde», que es característica de los ciudadanos que se manifestaron en contra del supuesto fraude electoral en 2019.

Áñez consideró que su detención obedece a un «amedrentamiento político» y que detrás de todo este proceso está el MAS del presidente Luis Arce y del expresidente Evo Morales (2006-2019).