El virtual gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue uno de los primeros en manifestar su desacuerdo con el actuar de la justicia y le recriminó la situación al presidente Luis Arce Catacora, a quien le reclamó que "está obligado a mantener un discurso mentiroso de golpe para tapar el fraude perpetrado por su partido, lo que no entiendo es que esa mentira se convierta en política de Estado y empiece nuevamente la persecución a los bolivianos, buscando volver a la confrontación del pasado", y más aún en la precaria situación sanitaria y económica de Bolivia.

"Presidente: usted y todos los bolivianos sabemos perfectamente que en octubre y noviembre del 2019 lo que ocurrió en Bolivia fue un fraude, perpetrado por algunos dirigentes de su partido político, a eso siguió una condena nacional e internacional por lo sucedido, una movilización pacífica de la ciudadanía en rechazo a ese fraude, un informe técnico de la OEA, con carácter vinculante que aporta indicios de ese fraude electoral y dos instituciones del Estado, FFAA y la Policía que se negaron a salir y reprimir a su pueblo", expone Camacho en su mensaje dirigido al presidente Luis Arce.

Organismos como el Instituto Casla también expresaron su preocupación y apuntaron a la  intimidación y "persecución política que se está viviendo en ese país" y que se ha intensificado los últimos días, aprovechando la actual coyuntura de las elecciones regionales y municipales que distraen la atención publica.

"Sin guardar el debido proceso, la presunción de la inocencia y el derecho a la defensa pareciera ser un acto de venganza e intimidación por los resultados adversos que el partido de gobierno ha obtenido en estas últimas elecciones", observan desde la entidad, a tiempo de contemplar que el Gobierno de turno está tratando de desplazar la denuncias sobre el fraude electoral por la tesis del supuesto 'golpe de Estado'.

Además, Casla enuncia tres casos de persecución en desarrollo. Además de las detenciones por el supuesto 'golpe de Estado', también se halla el despido del 90% de funcionarios de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores y el juicio de responsabilidad iniciado contra la ex-presidenta Jeanine Añez y 11 exministros de su gobierno.

Desde el Comité pro Santa Cruz denunciaron que el Movimiento al Socialismo "ha vuelto a sus viejas prácticas políticas de perseguir y amedrentar a quienes piensan diferente, utilizando a sus brazos represores del Ministerio Público y la Policía".

Los cívicos recordaron que en octubre y noviembre del 2019, Bolivia vivió la mayor gesta histórica de movilización pacífica en defensa de la democracia y contra el "fraude comprobado de Evo Morales y sus cómplices". Y su queja no se queda ahí, sino que también convocaron a un directorio ampliado para este sábado donde definirán medidas a seguir.

"El Comité pro Santa Cruz rechaza cualquier intento de persecución y judicialización, contra los ciudadanos que defendieron la democracia y los militares y policías que decidieron no reprimir a su pueblo. No permitiremos que se atropellen los derechos constitucionales de las personas y denunciamos ante la comunidad internacional la persecución política iniciada por el MAS ¡En Bolivia no hubo golpe, fue fraude!", reza un comunidad del Comité cívico cruceño.

Fuera de los reclamos y yendo al plano del derecho, desde el punto de vista del abogado constitucionalista José Luis Santistevan, las acciones del gobierno del MAS producen una ruptura del estado constitucional de derecho y el estado de derecho. Violenta los derechos fundamentales y la forma republicana de gobierno (art. 11-12 CPE), que no es otra cosa que la democracia directa y la independencia de órganos.

"Un gobierno de facto es aquel que interrumpe el orden constitucional con el uso de la fuerza y destruye el funcionamiento de los órganos públicos. No puede haber gobierno de facto con el funcionamiento de los órganos públicos. Asamblea, Tribunal Constitucional, Órgano Judicial, Defensor del Pueblo, entre otros", apuntó el jurista.

En este sentido, recordó que el gobierno de transición de Jeanine Añez fue ratificado por la Asamblea Legislativa mediante la Ley 1266 y 1270, producto de la declaración constitucional 0003/2001, aplicada para la sucesión por el TCP, y la Declaración 0001/2020 dictada por el actual TCP para la ampliación del mandato.

"La teoría de golpe de Estado y gobierno de facto es una ficción política, sin valor para la CPE y la ley", añadió Santistevan.

El expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga también apuntó contra Luis Arce Catacora al referir que criminaliza la sucesión constitucional democrática, arrestando a Jeanine Áñez, quien asumió el mando después de fraude, renuncia y fuga de Evo. Sucesión fue reconocida por Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, así como avalado por el TCP, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea.

Las redes sociales también han servido para expresar el rechazo. Entidades como el Comité Cívico Femenino, cívicos de Chuquisaca y otras figuras activas en el escenario digital censuraron el actuar de las fuerzas del orden y la justicia.