La carta fue enviada a seis organismos internacionales donde el líder de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa, denunció que el gobierno del Movimiento Al Socialismo pretende usar el caso "golpe de Estado" para perseguir y eliminar a los políticos de oposición y pidió su máxima atención ante el riesgo de un posible colapso de la democracia.

El exmandatario aseguró que en base a ese caso se pretende "infundir terror" manipulando a la justicia, Fiscalía y Policía, dejando de lado el discurso de mantener la independencia de poderes del Estado.

"Estas circunstancias demuestran que el objetivo de las detenciones inconstitucionales referidas, no es impartir justicia ni descubrir la verdad de lo ocurrido, sino infundir terror desde el Gobierno, manipulando la fuerza policial, fiscal y judicial del Estado, para eliminar a la oposición al actual gobierno y amordazar a parte considerable de la sociedad boliviana, que no comulga con la ideología y prácticas del MAS. En otras palabras, el país enfrenta el riesgo de seguir el camino del régimen dictatorial de Venezuela", dice la carta.

Estás acciones surgen luego que la expresidenta Jeanine Áñez y los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, fueron imputados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración en el presunto "golpe de Estado".

La carta está dirigida a Antonio Guterres, Secretario General de la ONU; Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU; Josep Borrell, Alto Representante para Asuntos Exteriores de la UE; Luis Almagro, Secretario General de la OEA; Joel Hernández, Presidente de la CIDH y Jaime Vidal, Secretario Ejecutivo del GIEI.

En ese contexto, el exmandatario enfatizó que Añez fue presidenta por sucesión constitucional y no a través de un "golpe de estado" como lo sostiene el actual Gobierno en sus diferentes discursos en el escenario nacional e internacional.

Explicó que la sucesión fue reconocido internacionalmente por la mayoría de los países que conforman la ONU y la OEA, mientras que en Bolivia fue avalada por una Declaración del Tribunal Constitucional y una Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, entonces controlada por el MAS.

"El aval del gobierno de la Presidenta Añez lo dio además, la toma del mando por el Presidente Luis Arce Catacora y el Vicepresidente David Choquehuanca Céspedes, cuya base sucesoria y de investidura no fue otra que la constitucionalidad del gobierno precedente", agregó.

Amnistía

Por otra parte, también denunció que el MAS en la Asamblea Legislativa aprobó un Decreto de Indulto y Amnistía para beneficiar a Evo Morales y sus colaboradores, que promovieron conflictos en el país desde el día de la elección anulada en 2019 hasta el comienzo del mandato del presidente Arce en noviembre de 2020.

En febrero pasado, la mayoría del MAS en el Legislativo aprobó el Decreto que favorece a más de mil personas procesadas durante el gobierno de Jeanine Añez.

Bajo esa argumentación, Mesa solicitó a la comunidad internacional poner su máxima atención en Bolivia, para evitar un próximo colapso de la democracia y la vulneración sistemática de los derechos humanos.