La renuncia de Evo Morales en 2019 fue la exigencia de miles de personas que, a la cabeza de los comités cívicos de diferentes ciudades del país, no encontraban otra salida ante el fraude en las elecciones nacionales de ese año.

Al transcurrir más de 20 días de movilizaciones, la demanda cobró fuerza. La Policía, las Fuerzas Armadas, la Central Obrera Boliviana (COB), entre otras instituciones, pidieron a Morales dejar el poder.

Cuando la convulsión social parecía no tener límites, Morales renunció. Lo hizo el 10 de noviembre de 2019. Esa decisión fue posteriormente avalada por instituciones como el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALD) y la Defensoría del Pueblo, además de organismos internacionales como la ONU y la UE.

Cochabamba fue la primera ciudad del país donde se registró el motín policial. Con banderas y pancartas en mano, los uniformados pedían desde el 8 de noviembre la renuncia de Morales. El comandante general de la Policía, Yuri Claderón, se manifestó en la misma línea al afirmar que “nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales presentar su renuncia”.

Lo propio hizo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, pero con una trascendencia mayor. En horas de la mañana del 10 de noviembre, Kaliman dijo que, luego de analizar la situación conflictiva del país, “sugerimos al Presidente que renuncie a su mandato presidencia, permitiendo la pacificación y manteniendo en la estabilidad”.

Ese mismo día, el 10 de noviembre de 2019, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, firme aliado de Morales, se sumó al pedido: “Si es por la salud del país, que renuncie el Presidente”, dijo, a tiempo de pedir a Morales reflexionar sobre la necesidad de pacificar el país.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo pidió la renuncia Morales y del entonces vicepresidente Álvaro García Linera, para lograr la pacificación del país.

“Se sugiere al Primer Mandatario y al Vicepresidente del Estado considerar la dimisión a su cargo para lograr la pacificación en el Estado Plurinacional de Bolivia”, dice un comunicado.

Y efectivamente, ese mismo día, Morales renunció, tras 14 años en el poder.

Esa decisión fue avalada por diferentes instancias del Estado. Dos días después de la renuncia de Morales, el TCP dio su respaldo la sucesión constitucional. En un comunicado, en el que detalló los sustentos legales, señaló que la sucesión se origina ante la renuncia del jefe de Estado.

Aun con mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS), la ALP aceptó la renuncia del exmandatario, además de García Linera. El 21 de enero de 2020, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, explicó que, en caso de no haber tratado las renuncias, los asambleístas hubieran incurrido en faltas pasibles a procesos.

ONU Y UE EVITARON HABLAR DE GOLPE

Tres días después de la renuncia de Evo Morales, la ONU evitó calificar de “golpe de Estado” la salida del exmandatario y manifestó su preocupación por la situación que vivía el país.

“No es una situación que nosotros debamos definir”, dijo Farhan Haq, un portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, ante las preguntas sobre las distintas descripciones a la dimisión de Morales.

Asimismo, el Parlamento Europeo sostuvo que en las elecciones de ese año hubo una tentativa de fraude y exigió que se realicen nuevos comicios.