El Gobierno de Luis Arce ha puesto en marcha una persecución contra jefes militares y policías que actuaron en octubre y noviembre de 2019, durante la movilización popular tras el fraude electoral, que terminó con la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

Ayer la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra el excomandante de la Policía Nacional Yuri Calderón, lo buscó en tres domicilios en Tarija, no lo encontró y activó alertas en Migración para evitar su salida del país.

El jefe policial está acusado por los delitos de terrorismo, sedición, conspiración por el caso que estratégicamente el Gobierno llama “golpe de Estado“.

Otro exjefe buscado con orden de aprehensión por la Fiscalía es el excomandante de las Fuerzas Armadas Sergio Orellana, acusado en el mismo caso y por los enfrentamientos de Sacaba y Huayllani. Orellana salió del país el 16 de noviembre de 2020 y según las investigaciones policiales estaría en Colombia.

El miércoles de esta semana fue aprehendido el almirante Flavio Gustavo Arce San Martín, exjefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, acusado por los mismos delitos que los anteriores jefes policiales y militares. Arce se había presentado a declarar en forma voluntaria en La Paz, y llegó con documentaciones de descargo, su testimonio fue tomado por investigadores y el fiscal del caso apareció directamente al final del acto con el mandamiento de aprehensión.

La defensa de Arce alega que implican a su defendido solamente porque acompañó al excomandante Williams Kaliman en aquella conferencia de prensa en la que se sugirió al entonces presidente Morales que renuncie para permitir la pacificación del país y el mantenimiento de la estabilidad.

A ese pedido que Kaliman hizo en una conferencia de prensa en noviembre de 2019, se agregó más tarde el entonces comandante de la Policía Nacional Yuri Calderón cuando dijo: “Nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia en estos duros momentos que atraviesa nuestra nación”.

Otro investigado es el ex líder cívico y virtual nuevo gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, a quien se le ha postergado sucesivamente sus declaraciones. Camacho y los ex jefes militares y policiales son acusados por denuncia de la exdiputada del MAS, Lidia Patty.

Ayer, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia pidió a la sociedad civil y defensores de los derechos humanos en todo el país salir en defensa de las Fuerzas Armadas y la Policía para que se respete la Constitución y las leyes que rigen a estas instituciones. El comunicado de Derechos Humanos afirma que la Policía y las Fuerzas Armadas salieron a defender al pueblo durante los acontecimientos de octubre de 2019.

Es evidente que el MAS y ahora el Gobierno pretenden hacer desaparecer de los registros históricos el fraude electoral del 20 de octubre de 2019 que investigó la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, y en su lugar quieren que se hable de “golpe de Estado”, y dejar un duro precedente contra jefes militares y policiales. Se trata de una persecución política que se activa además en días en que la población tiene su atención concentrada en los resultados de las elecciones recientes.

Un proceso de esa naturaleza vulnera la historia, las leyes y los derechos de los ciudadanos acusados, pero además no existen condiciones en Bolivia para un justo proceso con una Fiscalía y un sistema judicial con la credibilidad cuestionada, porque hace buen tiempo que esas instituciones están controladas por el actual partido en función de Gobierno.