El paso de las horas tras las elecciones del domingo 7 va destapando uno a uno varios problemas con los que tropezó la organización del proceso y que tiene al Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz -aunque también a otros del resto del país- en el centro de las críticas.

1.300 actas observadas en la elección para la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, esto es más del 25 por ciento del total, es un número inusual que tiene demorado el cómputo de una elección muy sensible en la que hasta ahora dos candidatos tienen prácticamente iguales posibilidades de alcanzar la silla municipal.

Casi todas las actas observadas tienen errores en la sumatoria de los votos. Eso quiere decir que el llenado de los documentos implicaba cierta mayor dificultad para los jurados electorales. Por tanto, o se hizo innecesariamente complejo el procedimiento, o no se capacitó adecuadamente a los jurados, o pasó la suma de esos dos factores.

Las excesivas demoras han despertado la susceptibilidad de los dos candidatos con posibilidades de ganar la elección, y aunque es cierto que la verdad está en esos papeles y cada candidato va a mantener sus votos válidos, como dice el presidente del TED, Saúl Paniagua, no es menos evidente que la lentitud del recuento pone nerviosos a todos, y con toda razón.

Jamás en la historia de los procesos electorales bolivianos se había registrado un elevado porcentaje de impugnaciones de actas y eso tiene que llamar la atención sobre el trabajo que realizó el TED durante el proceso de capacitación, a lo que se sumó el ausentismo de jurados que obligó a reemplazarlos por personas que no habían sido preparadas para ese trabajo.

Desde un comienzo se sabía que no sería sencilla una elección donde el ciudadano tenía que votar en dos papeletas y marcar cinco casillas en total; y por ello mismo el proceso previo de capacitación y educación ciudadana debió merecer una dedicación más cuidadosa de los organismos electorales.

Desde el propio Tribunal Supremo Electoral (TSE) se subestimó la incidencia de la pandemia del Covid-19 en las elecciones, y los hechos terminaron por confirmar que el temor a contagiarse de muchos jurados es la razón que los empujó a no asistir a sentarse durante nueve horas en los recintos de votación.

También es responsable el TSE por la ausencia de un sistema de conteo rápido de votos. Hay que preguntar a los vocales nacionales para qué crearon el sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre) si no lo iban a utilizar. Es incomprensible la reiterada negativa del TSE para poner en marcha este sistema.

Tampoco es lógico que con los recursos tecnológicos disponibles en esta era, el órgano electoral se desentienda de informar a la población el resultado de las elecciones el mismo día de los comicios, y deje esa tarea a la libre iniciativa e inversión de empresas encuestadoras y medios de comunicación para que hagan sondeos y proyecciones. No es responsabilidad de encuestadoras y medios dar los resultados, que, entre otras cosas, han demostrado no ser confiables por los bochornosos resultados alejados de la verdad que proyectaron en la elección de 2020.

También están las denuncias no atendidas de supuestos acarreos de votos en determinadas regiones y las quemas de ánfora. Las autoridades electorales anuncian investigación y sanciones a los que prendieron el fuego, pero no dicen nada de las denuncias de acarreo, que es tan o más grave que quemar cartones y papeletas.