En mayo de este año, el Tribunal Supremo Electoral, a través del Observatorio de Paridad Democrática, informó que en este órgano se conocieron un total de 65 casos de acoso y violencia política hacia las mujeres en el país, solo en los primeros cuatro meses de la gestión 2018.

De los 65 casos, a nivel nacional, 36 se tratan de denuncias presentadas ante los Tribunales Electorales Departamentales, 19 han sido presentados por otras entidades como la Asociación de Concejalas, y 10 tienen que ver con renuncias forzadas.

Entre los actos, acciones y prácticas de acoso y violencia contra las mujeres que se identifican están: actos discriminatorios, presión para renunciar o solicitud de licencia indefinida, la firma de documentos contra su voluntad, restricción del uso de la palabra, presión sobre sus familias, renuncias forzadas por situación de embarazo y hasta violencia física.