Realizadas las elecciones municipales y departamentales concluye un quinquenio,  entre el referéndum del 21F y estos comicios, en el cual la realidad boliviana ha estado marcada por una gran polarización política y confrontación social, la realización de dos elecciones nacionales, la primera de las cuales, viciadas por el fraude electoral, provocando uno de los periodos más conflictivos y peligrosos de nuestra historia reciente.

Al mismo tiempo, la pandemia y la crisis económica implican golpes durísimos a la economía de las familias desnudando la precariedad de nuestro sistema de salud. La ciudadanía demandará a las nuevas autoridades menos política y más soluciones.

Quienes resulten electos deberán responder a esta realidad y muy pronto verán que su capacidad de dar respuestas efectivas a los problemas reales de la gente es muy limitada. A diferencia de las autoridades locales electas para los tres periodos anteriores que administraron los ingresos extraordinarios que recibió Bolivia, derivado de las altos precios del petróleo y de los minerales, hoy enfrentamos la nefasta combinación de la caída de los precios internacionales y de los volúmenes de la producción, lo que determina la disminución de las principales fuentes de ingresos de los tres niveles de gobiernos, además de la baja de la recaudación tributaria por la pandemia.

Esta realidad generará nuevas tensiones, por las profundas contradicciones entre las expectativas generadas por las promesas electorales y las demandas ciudadanas de soluciones inmediatas a sus problemas de empleo y atención sanitaria, entre los más urgentes. Pasada la hora de las promesas, la gente demandará resultados y ya no será suficiente culpar al antecesor de todos los problemas, vieja receta de comunicación política que el presidente Arce aplica a diario ante su incapacidad de mostrar gestión.

Y justamente la gestión será fundamental en los próximos años para administrar un periodo de menores recursos y mayores demandas, lo cual exigirá a las nuevas autoridades aprender rápidamente sobre sus funciones, al mismo tiempo que organizar equipos humanos para la administración pública que puedan afrontar estos desafíos sin caer en la corrupción ni en la paralización institucional de unas entidades que están muy endeudadas y, en la mayoría de los casos, serán desmanteladas en sus equipos humanos por el ingreso de los partidarios de los nuevos electos.

Otro concepto que será fundamental es el de políticas públicas, algo que en Bolivia es casi desconocido por la inestabilidad institucional, la falta de continuidad en las administraciones públicas y la mentalidad populista con la cual se ganan las elecciones y se gobierna posteriormente. Políticas públicas significa tener programas de acción sostenidos para dar respuesta a problemas que afectan al conjunto de los ciudadanos, como generar condiciones para la creación de empleos, servicios públicos, tales como salud, educación y seguridad ciudadana, además de otros temas fundamentales para el bienestar de las personas como sistemas de agua potable, saneamiento básico, aseo urbano, transporte público, mercados públicos, drenaje urbano, pavimentación, caminos, electrificación urbana y rural, entre los más imperiosos.

Sin embargo, aunque estos sean los problemas concretos que sufren en su gran mayoría las familias bolivianas y haya una evidente sensación de hartazgo de los ciudadanos por el conflicto permanente sufrido los últimos años, no quiere decir que el conflicto político disminuirá, el MAS reaccionará como fiera herida persiguiendo a sus potenciales competidores y amedrentando a quienes piensen diferente. Que el día de las elecciones, un domingo, se haya emitido una orden de aprehensión contra el ex Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, por el caso del supuesto golpe de estado, es la mejor muestra de ello.

Oscar Ortiz fue presidente del Senado y ministro de Economía.