La elección del subrogante de Evo Morales es un error histórico de los bolivianos que traerá un costo muy alto para el futuro del país. El presidente Arce no es, ni mucho menos, el líder moral e intelectual que las actuales circunstancias requieren para salvar el país y asegurar un mejor porvenir para todos. En estos meses, todos los actos del gobierno contra la clase media son sólo leves temblores del cataclismo que se aproxima.

La verdad es que el candidato elegido en Octubre pasado resultó ser, además de incompetente, un detractor del sistema democrático. En sus propias declaraciones, el presidente Arce afirma que su modelo de sociedad es el que impuso la revolución cubana hace 60 años.  Esta paradoja de un presidente elegido democráticamente, pero que ejerce su gobierno prescindiendo de las reglas de juego de la democracia, no sucede sólo en Bolivia. Varios países de la región enfrentan esa incongruencia de regímenes democráticos en su origen que, una vez electos, confunden el gobierno con el Estado y sus actos son guiados por un inequívoco desprecio por la democracia liberal y por los derechos individuales. 

Los nuevos caudillos en Latinoamérica dirigen un proyecto ideológico regional esencialmente antidemocrático que utiliza sus lealtades tribales para eliminar los mecanismos de control y equilibrio de los poderes públicos creados para proteger a los ciudadanos del abuso de poder del gobierno.  Los caudillos y sus “movimientos sociales “, una vez en el poder, lentamente, a través de la propaganda y la intimidación a opositores u obstaculizadores de su proyecto, generan las condiciones necesarias para lograr un control hegemónico del Estado. Para cumplir el objetivo de apropiarse del Estado, un primer paso es denigrar y destruir el pasado, dominar el presente, y así controlar el futuro político del país. 

En esta variedad de populismo, las masas tienen cada vez más poder y menos lucidez. Los encantadores de serpientes se quieren perpetuar en el poder y se cierran a la tolerancia, a la inteligencia, a los espacios éticos y   estéticos, a los valores de la democracia y a la energía de sociedades que resguardan las libertades individuales. La promesa de los caudillos de acabar con la pobreza distribuyendo la riqueza a través del Estado encandila a muchos votantes, pues es más fácil depender del gobierno que valerse por sí mismo. 

No hay duda, por ejemplo, de que el mensaje del gobierno al desvincular a los funcionarios profesionales de carrera de distintas reparticiones especializadas del Estado marca el regreso a la idea de la lucha de clases y refleja la convicción peligrosa e injusta, por parte del gobierno, de que en esta elección la clase media, a la que asocian con la formidable e histórica “rebelión de las Pititas“, ha sido derrotada. 

En ese contexto, la clase media carece de derechos en el llamado “proceso de cambio“. Los ciudadanos son víctimas de una arquitectura política que refuerza la separación e inmutabilidad de identidades y que aleja a la sociedad de la tolerancia y la moderación que se requieren hoy para resolver los problemas sociales y económicos agravados por la pandemia.

De la misma manera, la suplantación premeditada de los símbolos y del bagaje histórico intelectual y cultural de la República de Bolivia no es un acto gratuito, responde a un proyecto de ingeniería social. Dicho proyecto es una amenaza existencial a la diversidad de Bolivia, promueve el separatismo y la división regional y étnica y elimina los espacios de participación de los ciudadanos más capacitados para construir un futuro para todos en Bolivia.

Por esa razón, estamos frente a una batalla decisiva donde está en juego nuestra identidad nacional y la cuestión de la distribución del poder. Si no defendemos la diversidad de nuestra identidad avasallada y permitimos que el actual gobierno consolide la tarea iniciada por Evo Morales y sus asesores del exterior de fundir el MAS y su gobierno con el Estado, dejaremos a nuestros hijos un país sin futuro. La realidad es que líderes poco recomendables son hoy los árbitros de las vidas de los sufridos ciudadanos bolivianos.

Jaime Aparicio es diplomático de carrera y expresidente del Comité Jurídico Interamericano (Órgano Asesor de la OEA y países miembros en temas de Derecho Internacional).