Por la defensa de TARIQUÍA

• Eduardo Claure

En los procesos de planificación se decía que los proyectos de desarrollo debían reunir tres condiciones: ser técnicamente realizables, económicamente factibles y socialmente aceptables. En el caso de la incursión perversa de parte de transnacionales y YPFB hacia la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, lo económicamente rentable sólo debe ser conocida por ambas socias, el resto de la sociedad y pueblo tarijeño y menos las comunidades del lugar, conocen o saben algo de aquellas tres condiciones, que de acuerdo a ley debieron ser tratadas antes de aplicar siquiera la consulta previa e informada, que por lo demás no ha existido; por ello esta resumida ayuda memoria por la defensa de Tariquía.
El conflicto en la zona respecto de la exploración y explotación hidrocarburifera en Tariquía plantea un problema, el que deriva de dos consideraciones: a) Existe justificada susceptibilidad social de los comunarios de la región y del departamento, sino de Bolivia toda, por las actividades emprendidas por las empresas de relación contractual con YPFB y el mismo gobierno central, esta posición deriva de los antecedentes que demuestran que la actividad hidrocarburifera tiene severos efectos sobre la ecología y el medio ambiente de las áreas donde se instalan, más aún, tratándose de la explotación planteada que constituye una fuente de riesgo ambiental biregional; b) En el marco jurídico existen deficienciasen la reglamentación y normativa para el desarrollo de proyectos productivos en la región, en tanto no existen disposiciones de regulación del asentamiento de operaciones de explotación hidrocarburifera y/o minera y, esta falencia acentúa más la susceptibilidad sobre los efectos que tendrá la explotación en la zona propiamente dicha y las áreas de influencia de la región. Hasta ahora no se conoce la nueva propuesta de Ley de Hidrocarburos, cuyo contenido seguramente no se transparenta precisamente porque traen malas noticias para el medio ambiente y la población.
El daño previsto en el área de aplicación de las actividades de las transnacionales, pone en riesgo a la macro región de la Formación Tucumano-Boliviana de la que forma parte Tarija y el norte de la Argentina, en cuyas profundidades, se albergan inmensos reservorios de aguas subterráneas (al igual que bajo la formación concatenada de la macro región del Chaco Sudamericano), que son necesarias conocerse mejor para sustentar la defensa tanto de Tariquía como tal, y como parte componente de una zona o unidadfisiográfica superior que abarca una zona extensa y que comprende a los dos países tal como es El Bosque Tucumano Boliviana que abarcadesde el sur de Bolivia, es decir Tarija y se extiende hasta las provincias argentinas de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca. Se conoce esta extensa área como área boscosa forestal y se constituye como una franja estrecha y discontinua sobre la ladera este de la Cordillera Oriental y las Sierras Subandinas o Sierras Pampeanas. Su altura varía de entre 300 a 3000 msnm y representa una unidad ambiental de gran importancia regional por la elevada diversidad de recursos que posee y principalmente por su papel en la regulación hídrica y protección de su extensa cuenca; sólo en la parte argentina de esta formación geográfica, existen 24 Áreas Protegidas con categorías de manejo tipificadas como Parques Provinciales, Parques Nacionales, Reserva de la Biosfera, Reserva Natural Provincial, Reserva Permanente e Intangible, Reserva Municipal, Área de Conservación y otras importantes denominaciones que obligan a su conservación y protección.La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, fue creada por Decreto Supremo 22277, el 1º de agosto de 1989. Decreto elevado a rango de Ley, No 1328, en abril de 1992. Cuenta con una superficie de 246.870 ha, entre las provincias Arce, Gran Chaco, O´Connor y Avilés.La reserva de Tariquía, junto a la de Sama y el Aguaragüe, protegen las fuentes de agua más importantes, así como protege la zona más representativa de la Selva Tucumano- Boliviana por ello la zona es considerada una zona de recarga hídrica para esta extensa región binacional.
En suma las condiciones en las que se presenta la problemática requieren de la definiciónde convenios y acuerdos institucionales y sociales tarijeños y más allá, con la finalidad de promover la mayor seguridad ambiental en la región, para ello debieran estipularse y definirse medidas concretas con instancias responsables de su cumplimiento, que es precisamente lo que no ha hecho el gobierno, menos YPFB y ni pensar en las transnacionales. Se trata de compatibilizar el interés económico de la realización de operaciones hidrocarburiferas, que beneficien a la región y al departamento, con la necesidad de preservar las condiciones de su biodiversidad (flora y fauna) el recurso suelo y fundamentalmente el recurso agua, ni que decir de lo concerniente a su potencial producción agropecuaria y preservar la condición medioambiental de la zona de influencia, que como se ve, abarca una extensión que no es solamente tarijeña.
Si bien ya existe una Plataforma de Defensa de Tariquía con todas sus instancias institucionales (Jurídica, Económica y Social) a la cabeza de las comunidades de la zona, que ya han efectuado las respectivas consideraciones técnicas, sociales, jurídicas y económicas, debe fortalecerse esta clara y lúcida línea de acción procurando un proceso ampliamente participativo más allá de lo meramente local que permita la mayor seguridad ambiental, correspondiendo asumir criterios como los que ya se están ejecutando positivamente en una verdadera dinámica movilizadora, a la que debe sumarse otras entidades colegiadas, como los mas mediaspara ir fortaleciendo su accionarhacia: i) Lacontinuidad de las entidades que componen la plataforma, las organizaciones sociales y de las instancias de apoyo y asesoramiento sobre el desarrollo y curso de estas acciones para una evaluación propia respecto de los avances de las intenciones gubernamentales y los efectos sobre la región y sean sus acciones difundidas o masificadas adecuadamente no solo en lo local sino nacional e internacionalmente; ii) Es imperativo la realización de estudios independientes, que sean de absoluta credibilidad de la región sobre los efectos ambientales negativos que conllevan las operaciones de la exploración y explotaciónhidrocarburifera y minera; iii) El establecimiento de operaciones hidrocarburiferasy mineras deben contar y disponerse de componentes de prevención de efectos ambientales según la norma, para todas las fases de la incursión transnacional y otras privadas, incluyendo las fases de suspensión de operaciones, que es algo que YPFB y sus socias no han proporcionado y es necesario tenerlas a mano; iv) Es imperativo que exista un Control Social sobre las actividades contaminantes y sobre la calidad ambiental de las zonas de operaciones de exploración y explotación. Esto implica la necesidad de establecer medidas que se internalicen a las organizaciones sociales, institucionales y otras con la correspondiente capacidad de seguimiento de las actividades exploratorias y de explotación respecto los efectos de daño ambiental y para ello debe establecerse una instancia delegada con la labor de establecer un seguimiento con fines ambientales y no solamente recibir información externa de YPFB y las transnacionales, sino con capacidad de ingresar a verificar sus actividades futuras y confirmar la acciones ya realizadas en la zona de la problemática.
Seguramente proseguirán las incursiones de exploración y explotación, para ello debe disponerse de un documento de evaluación técnica, jurídica y social para su amplia difusión institucional, esta descripción detallada de la tecnología a ser empleada ayudará a identificar las medidas de protección ambiental que se requiera aplicar en lugares específicos y evitar mayores riesgos ambientales posibles, es decir se requiere de un estudio de evaluación del impacto ambiental, que debiera ser encomendada a una entidad y/o empresa independiente y de alta solvencia técnica que emita material para conocimiento general de la sociedad tarijeña y especialmente de las comunidades que están accionando a través de la Plataforma de la Defensa de Tariquía. El rol de las universidades locales y otras especializadas que coadyuven, es fundamental. Es decir se requiere de servicios especializados de análisis y evaluación mediante entidades o laboratorios técnicos que ejecuten un programa anual de actividades que fijarán criterios de evaluación ambiental de los valores establecidos por la normativa nacional y en su caso por disposiciones internacionales o de países de referencia que coadyuven a este propósito. Es necesario disponer de información oportuna, permanente y confiable.
Según el CEDIB -que ha publicado las investigaciones del miembro de su equipo Jorge Campanini-, quién ha establecido que del 2007 al 2012, se calculaba que en Bolivia, la frontera petrolera había crecido siete veces, es decir, se pasó de 2.1 millones de hectáreas el 2007, a 24,7 millones de has., el 2012, (769% de incremento), comprometiendo en ese entonces 11 de las 22 áreas protegidas del país. A ello se suman los efectos perversos contra la biodiversidad y pueblos indígenas y campesinos que habitan estas áreas, de los Decretos Supremos 2298, 2366 y 2400 aprobados todos por la actual gestión política del gobierno de Evo Morales,posteriormente en el año 2015, estableció no solo la apertura de áreas protegidas y parques nacionales a actividades petroleras e hidrocarburíferas, sino que implanta nuevas normativas y parámetros ambientales, así como la modificación del derecho a la Consulta Previa, atribuyéndose el Estado a través de su gobierno central, el derecho de decisión en caso de que no obtuviese respuesta de las comunidades afectadas o por resistencia de comunidades indígenas o campesinas a proyectos extractivos mineros y/o hidrocarburiferos. Se puede decir entonces, que algomás de 30 millones de has.se han visto comprometidas a la voracidad de las transnacionales petroleras socias de YPFB.
No está demás dejar establecido que, no solo se trata de las áreas protegidas y parques nacionales, y por consecuencia territorios indígenas sobrepuestos a éstos, sino de una serie de reglamentaciones que flexibilizan normativas y derechos reconocidos como el de la Consulta Previa, poniendo en grave riesgo la preservación de la biodiversidad existente en aquellas área protegidas, parques nacionales y santuarios naturales como el de Tariquía, que merecen su acompañamiento de parte de organizaciones sociales, entidades académicas, investigadores profesionales, políticos comprometidos, medios, comunicadores, estudiantes y toda la sociedad civil, como ya está sucediendo y a la que hay que darle una dinámica que profundice sus acciones, pues uno de los réditos, es la unidad que logra, con una cohesión social que renueva la confianza en el futuro de la gestión de los recursos naturales renovables y no renovables en beneficio de la población que habita esta bendita tierra tarijeña, en manos de instancias sociales propias campesinas y/o indígenas, las entidades públicas llamadas por ley y la atenta mirada y accionar de otras entidades locales, nacionales e internacionales que con elementos técnicos, jurídicos, sociales y económicos, fortalecen el accionar y perspectiva de protección a la naturaleza.Entonces, todos por la Defensa de La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en tanto su importancia es vital para el presente y el futuro de la macroregión boliviana-argentina de la que es componente el departamento.