Paniagua indicó que de oficio se inició una investigación por parte de la fiscalía para dar con los responsables directos, cómplices y encubridores, sobre quienes, de acuerdo a ley, pesa una sanción de hasta tres años de reclusión.

“Consideraremos la repetición del voto, en la misma norma está considerada la posibilidad de repetición”, dijo la autoridad a los periodistas.

Paniagua calificó la quema como un “daño económico al Estado y al bien público” y al tratarse de un “delito flagrante” está tipificado en el artículo 238, apartado G de la Ley de Régimen Electoral 026, con una sanción de uno a tres años de privación de libertad. Y el caso de tratarse de servidores públicos la sanción es el doble.

“Sancionaremos a los autores, cómplices y encubridores, se va a realizar una investigación seria primero, con una información oficial que nos llegue de ese municipio”, refirió.

Paniagua indicó que aparte de las 4.900 papeletas afectadas en Colpa Bélgica, en los demás recintos electorales del departamento la votación se llevó “dentro de los marcos normales de un proceso electoral”.